
Aún no cuenta ni con el catálogo de inmuebles ni con el calendario para su retirada exigido por la normativa.
Ciempozuelos no ha elaborado aún ni el censo de edificios con amianto ni el calendario para su retirada exigido a los ayuntamientos por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, pese a que en la pasada legislatura, seis meses antes de que finalizara el plazo impuesto para llevar a cabo ambas medidas, la corporación municipal aprobó una moción de Ahora Ciempozuelos para hacer el requerido catálogo en tiempo y forma.
“De nada sirve que desde las instalaciones superiores nos impongan plazos, si no nos dan los medios para cumplirlos. La situación económica y política de la pasada legislatura no permitía a nuestro Gobierno llevar a cabo la inversión necesaria. Una vez pagada la deuda de 16 millones, sí vamos a poder cumplir con nuestra obligación”, señaló el primer teniente de alcalde, Luis Pueyo, en el debate de la nueva proposición presentada por Más Madrid en la última sesión ordinaria para instar al equipo de gobierno al cumplimiento de la normativa.
El concejal socialista recordó que ya en un pleno anterior habían explicado a Vox que el técnico de Medioambiente estaba trabajando en el censo. “Para seguir avanzando, debido a la complejidad del estudio, nos expuso la necesidad de un apoyo externo. Después de estudiar los diferentes presupuestos, iniciaremos el procedimiento administrativo para su contratación”, anunció.
Al no compartir el enfoque de la moción, los socialistas votaron en contra de la propuesta y esta no logró salir adelante. “Si no quieren hacerlo, díganlo. Hemos tenido una votación presupuestaria en la que nos podían haber dicho que rebajaban otra partida para cumplir con lo del amianto. No hacer el estudio no es un problema económico, sino de voluntad política”, zanjó el portavoz de Más Madrid, Carlos Girbau, a quien también le tocó defender la moción que sí salió adelante en octubre de 2022, cuando ocupaba una de las sillas reservadas en el salón de plenos a Ahora Ciempozuelos.
En Pinto, la elaboración del censo y de la planificación de la retirada del material se adjudicó hace un mes a la empresa Bureau Veritas Inspección y Testing por 10.756,90 euros y un plazo aproximado de cuatro meses.
Puntos aprobados en el pleno ordinario
Las casi siete horas de duración del pleno ordinario de febrero sirvieron para aprobar la Ordenanza de Movilidad y Tráfico, la remunicipalización del deporte, la subida de las tarifas del teatro y de las actividades culturales y las bases para el nuevo concurso de cortometrajes de la localidad.
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