Antiguo vertido ilegal de amianto en Pinto-Cumple así, aunque tarde, con las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El estudio y el calendario de retirada deberían haberse hecho públicos antes del 10 de abril de 2023.
El Ayuntamiento de Pinto ha encargado la elaboración de un censo de los edificios con amianto existentes en el municipio y de un calendario que planifique su retirada, cumpliendo, aunque tarde, con las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Ambos documentos deberían haberse hecho públicos antes del 10 de abril de 2023, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimocuarta del texto.
El caso de Pinto no es aislado, pues son muchos los consistorios que no realizaron los trámites necesarios a tiempo, algo que también ha ocurrido con la implantación de otras novedades como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Defensor del Pueblo alertó de que esto iba a ocurrir en su informe anual de 2022, en el que pidió a las consejerías de varias regiones, entre ellas la Comunidad de Madrid, que adoptasen las medidas necesarias para agilizar el proceso.
La empresa Bureau Veritas Inspección y Testing será la encargada de detectar y medir los edificios públicos y privados con amianto en el término municipal de Pinto, una labor para la que contará con un presupuesto de 10.756,90 euros y un plazo aproximado de cuatro meses. Elaborará el censo básico recogiendo las referencias catastrales afectadas, pondrá fecha a su retirada, se encargará de un análisis geoestadístico del amianto detectado y creará un mapa web con la ubicación y características de las infraestructuras para su consulta en abierto.
La ley establece que los ayuntamientos deberán enviar toda la documentación a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas para su control. Asimismo, se les insta a priorizar los emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y a la exposición a la población más vulnerable, poniendo como límite el año 2028 para gestionar la situación en los lugares de carácter público con mayor riesgo.
La exposición al amianto está asociada a graves enfermedades respiratorias, por la liberación de fibras causada al deteriorarse los materiales. Este motivo fue el que llevó a la prohibición de su utilización y comercialización en el año 2002, mediante la Orden ministerial del 7 de diciembre de 2001, y a ordenar su retirada de los edificios construidos antes de esta fecha veinte años después, en la ley que el ayuntamiento cumplirá una vez Bureau Veritas Inspección y Testing cumpla con su trabajo.
Jaime | Jueves, 15 de Febrero de 2024 a las 22:59:37 horas
El polígono de la estación está lleno de amianto (uralita) y alrededor hay viviendas y lo más graves colegios y escuelas infantiles. Además de todos los trabajadores.
No sólo eso sino que con el viento eso se va a todo el pueblo y lo respiramos todos.
Esperemos que sirva de algo y se actúe.
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