El Gobierno regional amenaza con “dar de baja” a PIMER-Protección Civil de Pinto si no se regulariza

Hace más de un mes el Gobierno de Pinto inmovilizó los vehículos de extinción de incendios y emergencias de PIMER-Protección Civil y retiró todas sus funciones relacionadas con los mismos. Aunque el PSOE ha asegurado que la medida responde a los problemas de sobrepeso que presentaban los vehículos, lo cierto es que detrás se encuentran las exigencias de la Comunidad de Madrid.

Y es que el Ejecutivo regional ha amenazado con imponer sanciones si no se regularizan las intervenciones no sanitarias de los trabajadores de PIMER-Protección Civil. El problema radica en que el protocolo de actuación firmado con Bomberos en 2017 debía de llevar aparejado la creación de un convenio de colaboración. El plazo máximo expiró en 2019, por lo que actualmente el servicio estaría actuando fuera del amparo legal.

Desde el Departamento de Prensa han explicado a ZIGZAG que hasta que no se ratifique el documento “los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil que actúan junto a PIMER deberían dejar de prestar funciones operativas relacionadas con Bomberos”. El incumplimiento de esta orden “supondrá la baja de la agrupación en el registro de la Comunidad de Madrid sin perjuicio de otras acciones legales que pudieran interponerse”.

Las fuentes consultadas afirman que “desde la Subdirección General de Protección Civil se ha ofrecido un texto al Ayuntamiento de Pinto que nos consta que han validado y está pendiente de firma”. En cualquier caso, consideran que el protocolo firmado entre Bomberos y PIMER-Protección Civil de Pinto “clarifica la relación de subordinación que existe entre el servicio, que actúa como primer recurso interviniente en los primeros momentos de la emergencia, y hasta la llegada del personal del Cuerpo de Bomberos, momento en el que debería pasar a prestar labores de apoyo”.

Cuestión de competencias

Todos los partidos que actualmente cuentan con representación en la corporación local, a excepción del PSOE, defienden que Pinto tiene competencias en los servicios de emergencias, protección civil y prevención y extinción de incendios al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes. Las formaciones consideran que no existe tal duplicidad de funciones y se aferran además a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que valora su función como un “servicio esencial”.

En cambio, las fuentes consultadas son contundentes: “La competencia en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos corresponde a la Comunidad de Madrid como diputación provincial”. Las competencias de los municipios de más de 20.000 habitantes se limitan, según su versión, a la dispensa de este servicio en favor de la Comunidad de Madrid con el abono de la tasa correspondiente. Pinto, de hecho, paga 1.551.000 euros al año por los servicios del Cuerpo de Bomberos.

“Pinto es uno de los municipios mejor cubiertos de toda la geografía regional y española”, afirman desde la Comunidad de Madrid. Las alarmas de la localidad son atendidas por los parques de Valdemoro, Parla y Getafe, que cuentan con una dotación mínima diaria de 28 personas. Bomberos moviliza unos 400 vehículos al año en Pinto para atender una media de 200 servicios de extinción de incendios y salvamento, a los que se añaden otro centenar de sucesos atendidos por CECOP (Central de Coordinación Operativa del Cuerpo de Bomberos) que no necesitan la activación de ningún recurso.

Su tiempo medio de respuesta en Pinto es de 9 minutos y 2 segundos. El de PIMER-Protección Civil, según los últimos datos aportados por el Ayuntamiento en 2016, era de 2 minutos y 40 segundos.

Los trabajadores, señalados

La regulación de los servicios de emergencia y extinción de incendios no es el único reparo que guarda la Comunidad de Madrid respecto a PIMER-Protección Civil. En cuanto a los recursos destinados por el Ayuntamiento de Pinto, las fuentes consultadas ven factible que el municipio cuente con un servicio profesional de primera intervención. Sin embargo, recuerdan que su potenciación deberá realizarse “siempre respetando el alcance de las inversiones y funciones evitando las duplicidades que la Ley limita, pues ya abona una tasa para un servicio y no debe incurrir en gastos para un servicio similar, en todo caso complementario”.

El Gobierno regional recuerda además que ha remitido “periódicamente y desde hace algunos años los reiterados incumplimientos” del protocolo firmado con Bomberos “por parte de algunos efectivos y jefatura del PIMER”. Asegura que en este tiempo se han producido “situaciones de riesgo y coordinación” por las que ha exigido “la adopción de medidas”.

Ya en mayo de 2019 el entonces director de Emergencias de la Comunidad de Madrid, Luis Villarroel, pidió nombrar un interlocutor entre PIMER y Bomberos. El principal señalado era el coordinador del servicio pinteño, David Rodríguez, al que acusaba de tener una disposición “contraria al cumplimiento del protocolo y manifiestamente hostil hacia los miembros del Cuerpo de Bomberos”.

En la actualidad Rodríguez cuenta con un expediente abierto por parte del Ayuntamiento de Pinto, si bien sigue al frente de PIMER-Protección Civil sin que se haya nombrado hasta el momento interlocutor alguno con Bomberos.