A su Ilustrísima Majestad, el concejal de Seguridad de Pinto

Dos días después de que el Gobierno de Pinto retirase las competencias de emergencia y rescate a PIMER-Protección Civil pocas horas antes del inicio de la borrasca ‘Bárbara’, el Gobierno sigue en absoluto silencio. El concejal de Seguridad, Alejandro Robles, no ha querido motivar la inoportuna decisión en la que el PSOE lleva trabajando desde hace meses en los despachos.

En agosto los socialistas impulsaron la retirada del nombre de Juan Carlos I al parque principal de Pinto para que “nuestra ciudad lleve un nombre cuya honradez no esté en entredicho”, pero lo cierto es que los actuales integrantes del gobierno pinteño imitan al rey emérito en su ocultación y falta de transparencia. Como él, el Gobierno vive en un palacio que pocas veces abandona salvo para recibir los aplausos del pueblo. Ambos también son juzgados mediáticamente sin sentencia condenatoria alguna, pero es que tanto la realeza de Zarzuela como la de Pinto no es muy partidaria de rendir cuentas.

Y es que los concejales de Pinto son reincidentes. Ni Guillermo Portero cuando el Ayuntamiento se quedó la recaudación de varios espectáculos solidarios ni Lidia Rupérez y Federico Sánchez con su imputación por el caso del Atlético de Pinto quisieron dar explicaciones públicas. Ahora es otro ilustre edil de sangre azul, Alejandro Robles, el que cuelga el teléfono a los medios porque no está para perder el tiempo dando explicaciones. De eso se encarga el gabinete de prensa, formado por dos de los siete cargos de confianza de los que dispone el PSOE, pero tampoco está por la labor.

La gravedad de la amputación de las funciones del PIMER es una decisión de tal calibre que debe de ser argumentada consecuentemente antes de ejecutarla. Si el concejal de Seguridad se niega a atender a los medios y recibir a la oposición, tendrán que ser el resto de partidos los que fuercen su comparecencia en pleno. Si por el caso del Atlético de Pinto toda la corporación estuvo de acuerdo en que declararan cuatro ediles de PP y PSOE “para que no parezca que no queremos transparencia”, seguro que en esta ocasión no habrá ningún tipo de reparo en que comparezca una única persona.

Porque Pinto ha sido uno de los municipios que históricamente más ha apostado por su cuerpo de Protección Civil, consiguiendo crear un servicio puntero con un tiempo de respuesta casi inmediato. ¿La decisión del Gobierno responde a una cuestión política o legal? Si PIMER-Protección Civil sólo tiene competencias sanitarias, ¿hubo algún tipo de prevaricación en la compra de los dos vehículos de emergencias y extinción de incendios? ¿Se seguirá contando con todos los trabajadores a pesar de tener menos funciones? ¿Están suficientemente cubiertos los servicios que ha dejado de prestar PIMER con la única actuación de Bomberos?

Preguntas de fácil respuesta que deberían de ser respondidas de forma inmediata por cualquier cargo público, más si como en este caso recibe un emolumento de 40.000 euros al año. Si el concejal Alejandro Robles sigue optando por la opacidad su destino ha de ser el mismo que el del busto de Juan Carlos I: abandonar el gobierno de Pinto presentando su dimisión.