PP y PSOE comparecerán en pleno para explicar las decisiones adoptadas respecto al Atlético de Pinto

Gobierno y oposición de Pinto comparecerán próximamente en sesión plenaria como consecuencia de la investigación abierta por el Juzgado de Parla ante la denuncia presentada por el Atlético de Pinto. Los responsables de las concejalías de Deportes y Hacienda, Lidia Rupérez y Federico Sánchez, han sido imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa, lo que ha dado paso a un cruce de acusaciones.

Partido Popular y Ciudadanos anunciaron a principios de septiembre que pedirían la comparecencia de los dos ediles socialistas para que diesen explicaciones. La respuesta del Ejecutivo llegó dos semanas después con otra petición de comparecencia, la de los concejales populares Salomón Aguado y Tamara Rabaneda por su gestión relacionada con el club entre los años 2011 y 2015.

“Su petición no es más que una cortina de humo un tanto pueril para ocultar una realidad jurídica”, criticaron desde PP en el pleno ordinario de septiembre celebrado el pasado día 24. Para el partido el PSOE únicamente busca “enfangar sobre el terreno de juego” y volvió a señalar que no ha pedido también la compareciera de algún concejal del anterior gobierno de Ganemos Pinto (2015-2019). “No lo hacen porque saben que su supervivencia y la de su gobierno están en manos del señor Sánchez”, esgrimieron aludiendo al actual portavoz de Unidas Pinto.

Por su parte, Nadia Belaradj, portavoz de Ciudadanos, recordó que “una comparecencia está sustentada en una imputación y la otra en nada”. Desde el grupo naranja criticaron duramente al PSOE por no “asumir sus acciones” y pedir la comparecencia de los populares. “Si invirtiesen la misma energía que gastan en su guerra con el PP el municipio estaría irreconocible”.

La encargada de explicar la petición de comparecencia del Gobierno fue la primera teniente de alcalde, Lola Rodríguez. Si bien la edil reconoció que “hasta ahora no nos había preocupado nada”, puso en entredicho la labor del PP por una afirmación realizada en una nota de prensa: “Dicen que el tema de la investigación de los concejales del PSOE derivó en una orden de desahucio de las instalaciones, pero para eso se presupone que hay una propiedad. […] Da pie a pensar que a lo mejor durante su gestión hicieron algo para que se eso se perdiera”.

Rodríguez negó que se tratase de “ninguna vendetta” pero advirtió que “si vienen a por nosotros nos van a encontrar”. La socialista criticó a PP y Ciudadanos por convertir “en bochornoso y vergonzoso algo que podía haber sido transparente” ya que “si tanto querían esa transparencia lo que tendrían que haber hecho era esperar a que la investigación hubiese acabado”.

El resto de la oposición también criticó ambas peticiones. “Es un ejemplo del y tú más” (Fernando Oliver), “son inoportunas” (Vox), “una es bochornosa y la otra está poco argumentada” (Podemos), o “es un rifirrafe entre PP y PSOE que la ciudadanía pinteña no merece” (Unidas Pinto), fueron algunas de las calificaciones de los partidos. Sin embargo todos, incluidos PSOE y PP, aprobaron las dos comparecencias “para que no parezca que no queremos transparencia”.

Todas las formaciones sí cerraron filas en torno a la defensa del patrimonio municipal. La corporación asegura que el club Atlético de Pinto considera que es el propietario del estadio Amelia del Castillo. “Es un campo en el que está sin permiso mientras les pagamos la luz y el agua”, apuntó Isaac López, de Podemos. PP y Ciudadanos, sin embargo, advirtieron que “si el club lleva haciendo uso de esas instalaciones 60 años tiene unos derechos” y se preguntaron “si ha habido mala praxis y eso ha desembocado en la pérdida de la titularidad del bien”.

De momento el Ayuntamiento de Pinto no ha puesto todavía fecha a las comparecencias de los cuatro concejales. Sí tienen fecha, el 27 de octubre, las declaraciones en el Juzgado de Parla de Lidia Rupérez y Federico Sánchez, que finalmente han recibido la notificación judicial del inicio del proceso. Desde el PSOE aseguraron que “no tenemos ningún miedo” y volvieron a defender que “las decisiones las toma todo el equipo de gobierno y nadie ha hecho nada que esté fuera de la Ley”.