Sin seguridad no hay libertad

El pasado mes de mayo me atreví a proponer en este medio que los partidos políticos de Pinto declarasen una "tregua de bronca" hasta septiembre. Esos 4 meses, ya pasados, servirían para consensuar un presupuesto municipal (prorrogado vergonzosamente desde el año 2015) que diese respuesta a la asfixiante situación económica, sanitaria y social que ha terminado por explotar con esta dichosa pandemia. Familias, entidades culturales y deportivas, asociaciones, comercios, incluso la vuelta al cole, entre otras muchas urgencias, hubiesen podido ser analizadas, debatidas y reforzadas. Primero las personas, ya habría tiempo para el politiqueo.

Sin embargo, la prioridad de nuestros representantes siguió siendo la gresca, cambiar de nombre el parque Juan Carlos I y toda clase de excentricidades propias de mentes alejadas de la extrema situación que padecemos. Hubo excepciones, como los convenios con Caritas y Cruz Roja, la puesta en marcha del banco de alimentos municipal y un delicioso homenaje a las víctimas del COVID-19 organizado por la concejalía de cultura.

La dejadez  ha llevado a que otro problema intrínseco de cualquier crisis avance sin freno: la inseguridad ciudadana. Contemplamos a diario robos de vehículos, destrozos de mobiliario urbano, palizas a familias a cargo de bandas que comienzan a parecer organizadas, apaleamientos de mujeres a plena luz del día para robarles sus pertenencias y menores que son agredidos a punta de navaja. Citar los casos de delincuencia acontecidos durante el verano darían para un libro, pero incluso el pasado domingo apareció en internet un vídeo de una fila de más de una docena de coches con varias ruedas rajadas en el mismo parque del Egido. El centro de Pinto, incluso de la Península Ibérica.

Pinto cuenta con una plantilla de 77 agentes de policía local (en el año 2006 eran 96) con una edad media de 44 años, de los cuales tan sólo 55 ejercen funciones de calle. Un reportaje de ZIGZAG alertaba que Pinto contaba con 1 policía por cada 682 habitantes, cuando Europa y la FEMP recomiendan una ratio de 1 por cada 556. Si a esto sumamos la alarmante falta de medios de nuestros policías, la inexistencia de un nuevo edificio con dependencias propias de nuestro siglo y que lleva siendo prometido, e incumplido, desde hace prácticamente 20 años, así como la frecuente falta de mantenimiento y reparación de averías menores en los vehículos... Estimados representantes, ¿a qué demonios (podría emplear otra palabra) estamos esperando?

La situación que vivimos es tan extrema y dramática que la inacción es implanteable. Al igual que desde 2016, bajo gobiernos de PP y PSOE, en España se han lanzado 9229 plazas de ingreso en la Guardia Civil (que es quien opera en Pinto), urge lanzar desde el consistorio una convocatoria de plazas de policía que vigilarían las calles, velarían por el cumplimiento de las medidas sanitarias y aportarían control en la entrada y salida de los colegios, entre otras. Y ya metidos en la materia no estaría de más organizar un programa de educadores sociales de calle en espacios públicos que apoye a las familias con menos recursos y atienda a la población menor de edad, así como alerte preventivamente de conatos de violencia, trapicheo de sustancias ilegales o inseguridad. Insistir en la necesidad es hasta ofensivo.

Ojalá podamos aplaudir una reacción a la altura de las circunstancias y los responsables actúen. No es momento de buscar ser importantes sino útiles. Sin seguridad no hay libertad.