Contradicciones de una sofista

El gobierno de Ciempozuelos ha decidido unilateralmente, como viene siendo habitual desde que consiguiera una mayoría absoluta de concejales —que no mayoría social de votos— en las elecciones municipales del pasado mes de mayo, excluir a empresas y comercios de la bonificación del 20% en el recibo anual del impuesto de bienes inmuebles (IBI) por instalar energías verdes en naves y locales. Suprime así el gobierno de Jimeno la aprobación hace dos años —entonces por unanimidad de todos los grupos políticos— de incentivar y fomentar la descarbonización de la energía en sintonía con las reclamaciones urgentes de organismos internacionales y la Agenda 2030.

Mientras Raquel Jimeno se declara sin ambages “ecologista”, “progresista” y “defensora a ultranza” del medio ambiente, toma decisiones tan peregrinas y contradictorias como desincentivar las inversiones en descarbonización de la energía en el municipio. Algo, por otro lado, que la define, pues si destaca por algo esta sofista es por sostener sin inmutarse una cosa y la contraria.

¿Y qué explicación ha dado el gobierno socialista de Jimeno para tomar esta decisión unilateral y desdecirse de la que habían aprobado hace solo dos años? “Queremos favorecer a las familias de Ciempozuelos, porque la Unión Europea ya ha dotado de ayudas a la industria energética”, ha dicho un tal Frank García, concejal de Hacienda. Pero uno no acierta a distinguir la dicotomía entre “familias” y comerciantes e industriales, porque lo nuclear de las bonificaciones no son las ayudas sociales sino el fomento de la descarbonización. Para eso se dan incentivos a quien invierta en energías verdes en sus viviendas, naves o locales, sean familias, personas físicas o jurídicas.

Además, y solo mirando alrededor de Ciempozuelos, resulta que los ayuntamientos limítrofes de Pinto, Valdemoro y San Martín de la Vega incluyen desde hace años en sus ordenanzas una bonificación del 50% por descarbonización, mientras en Ciempozuelos la bonificación es solo del 20%. Y otros municipios como Parla han hecho el camino inverso que Ciempozuelos aprobando en julio pasado la ampliación de las bonificaciones por descarbonización a naves y locales.

Pero Jimeno ha optado por recaudar más impuestos desincentivando la inversión en energías verdes en el municipio. Este afán recaudatorio se une a su autoproclamada “austeridad” —para los demás, claro— que para ella es perfectamente compatible con el brutal aumento de su sueldo y de su feliz equipo de gobierno (hasta tres veces sucesivas en cuatro meses), así como la creación de un nuevo cargo de confianza (46.000 €), mientras ha reducido a la oposición a la indigencia económica.

Como a los sofistas en la Grecia clásica, tan denostados por Sócrates y Platón, a Jimeno no le importa demasiado llegar a la verdad (al fin y al cabo, ¿qué es eso de la verdad?) sino que la base de su criterio es la utilidad y para ello no hace falta que el discurso sea verdadero, sino que debe ser eficaz, es decir, lo que importa es dar a la mentira un aspecto convincente. Hasta que incluso uno mismo acabe creyéndose su propio discurso sofista.