
Aprobadas con el apoyo de toda la corporación.
Nuevo capítulo del conflicto entre la empresa concesionaria del complejo de la piscina climatizada y de verano, Neo, y el Ayuntamiento de Ciempozuelos. En un pleno extraordinario celebrado el pasado 14 de noviembre, la corporación aprobó por unanimidad suspender parcialmente la actividad en las instalaciones -cerradas desde septiembre- e imponer dos sanciones a la empresa por un montante total de 6.000 euros.
La primera multa, de 3.600 euros, responde a su negativa a que los clubes locales y usuarios del campamento hagan el uso libre de las instalaciones tal y como establece el contrato. Aunque la infracción se produjo desde su llegada el pasado mes de julio, tan sólo se han tenido en cuenta las últimas dos semanas antes del cierre. La segunda se debe a la supresión del servicio de restauración durante todo el mes de septiembre, motivo por el que Neo tendrá que abonar 2.400 euros.
¿Quién debe arreglar la piscina?
En otra sesión extraordinaria, en este caso celebrada el 23 de octubre, el Gobierno aprobó en solitario la modificación del contrato de gestión del complejo para forzar a la empresa a que arregle con dinero público la cubierta de la piscina de invierno que se ha venido abajo. Neo deberá llevar a cabo antes del 15 de diciembre los trabajos de demolición (13.317 euros) y renovación del canalón (41.541,32 euros). Entonces, si efectivamente se han ejecutado las obras, podrá volver a abrirse la piscina al público.
Para pagar el coste de los trabajos, el Ejecutivo ha tenido que hacer una transferencia de crédito. En concreto, se han retirado 150.000 euros que iban a ser destinados a arreglar el cementerio municipal para ampliar la partida de instalaciones deportivas y pagar los 54.858 euros que costarán los trabajos. Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a reservar otra partida en las cuentas de 2026 para costear también la renovación del sistema de impermeabilización de la totalidad de las cubiertas ligeras del edificio. En este caso, se estima una inversión de al menos 308.900 euros.
La oposición se abstuvo en el punto para reflejar su rechazo al contrato lanzado por el Gobierno del PSOE. En cambio, todos los partidos se pusieron de acuerdo para aprobar una moción de Ciudadanos por Ciempozuelos (CPCI) para investigar si los problemas del complejo responden a una falta de mantenimiento por parte de la anterior empresa adjudicataria, Serviocio. “Tenemos que unir todos nuestros esfuerzos para que nuestros vecinos tengan las mejores condiciones en la piscina y los trabajadores puedan desempeñar su función”, declaró el portavoz del partido, Pedro Torrejón.
Desde el PSOE aseguraron que estudiarán la imposición de penalidades, pero advirtió que “va a ser un camino largo y tortuoso”. En este sentido, la alcaldesa, Raquel Jimeno, apuntó que “a este equipo de gobierno nunca le ha temblado la mano para imponer penalidades ni para ir los juzgados”, y adelantó durante la sesión que los técnicos están tramitando tres sanciones a la empresa encargada del servicio de limpieza en edificios públicos, a la que se podría llegar a reclamar 116.190 euros.
Cruce de acusaciones
Neo, en cualquier caso, se ha declarado en rebeldía y ha anunciado que “tomaremos todas las medidas legales necesarias para que el Ayuntamiento cumpla con su deber como propietario del edificio”. La empresa ha puesto un ejemplo para justificar su negativa a llevar a cabo las obras: “Usted alquila un piso y se le cae el techo. ¿Quién lo arregla, el inquilino o el propietario?”.
La empresa también ha denunciado “el caos y la falta de transparencia que impera” en el equipo de gobierno y, en concreto, la alcaldesa, a la que ha acusado de tener “una actitud engañosa, irresponsable y manipuladora” e incluso de “acosar” a sus trabajadores.



















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