La empresa responsable de la piscina de Ciempozuelos denuncia que el Gobierno “acosa” a sus trabajadores

Continúa la guerra abierta entre la empresa concesionaria del complejo de la piscina climatizada y de verano de Ciempozuelos, Neo, y el Gobierno local. El PSOE aprobó en solitario la modificación del contrato para que la empresa lleve a cabo con dinero municipal las obras de reparación de la cubierta de la piscina, que permanece cerrada desde que el pasado 20 de septiembre. Neo, sin embargo, se ha declarado en rebeldía y ha anunciado que “tomaremos todas las medidas legales necesarias para que el Ayuntamiento cumpla con su deber como propietario del edificio”.

La empresa ha puesto un ejemplo para justificar su postura: “Usted alquila un piso y se le cae el techo. ¿Quién lo arregla, el inquilino o el propietario?”. Ha denunciado además “el caos y la falta de transparencia que impera” en el equipo de gobierno y, en concreto, en la alcaldesa, Raquel Jimeno, a la que ha acusado de tener “una actitud engañosa, irresponsable y manipuladora”.

Neo ha llegado incluso a asegurar que el Ejecutivo está “acosando” a los trabajadores. “Ha enviado hasta en tres ocasiones a la Policía Local a las instalaciones a intentar hacer entrega, mediante presiones, de notificaciones dirigidas a la empresa, en lugar de respetar los medios y plazos legales establecidos para ello”. Por ello, ha pedido que el Gobierno “deje de acosar y ejercer cualquier tipo de presión sobre las personas trabajadoras del centro”.

La modificación del contrato aprobada por el Gobierno establece que la empresa debe llevar a cabo los primeros antes del 15 de diciembre. En concreto, tiene que ejecutar los trabajos de demolición y renovación del canalón, a las que el próximo año ha de sumarse la renovación del sistema de impermeabilización de la totalidad de las cubiertas ligeras del edificio. Todas las obras están financiadas por el Ayuntamiento de Ciempozuelos, que invertirá un total de 109.717,78 €.

En caso de no cumplir los plazos estipulados, Neo podría enfrentarse a las sanciones estipuladas en el contrato.