
El Gobierno ha asumido el coste de las obras, pero ha establecido por contrato que sea la empresa quien las ejecute.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos acogió en el día de ayer un pleno decisivo para el futuro del complejo de la piscina climatizada y de verano de Ciempozuelos. Las instalaciones, gestionadas por la empresa Neo, permanecen cerradas desde que el pasado 20 de septiembre se cayesen parte de las cubiertas de la piscina de invierno debido al agua filtrada por un canalón de agua en mal estado.
Desde entonces, Gobierno y empresa negocian cómo llevar a cabo las obras. Desde el Ejecutivo achacaron lo sucedido a la “falta de mantenimiento por parte de la anterior empresa”, pero consideran que el contrato firmado con Neo establece que debe ser la empresa quien se haga cargo de los trabajos. Aunque el Ayuntamiento de Ciempozuelos asumirá la totalidad del coste, Neo insiste en que no debería ser quien ejecute las obras.
La propia plantilla explica que la empresa ya había alertado del estado de las instalaciones. Afirman no sólo que ha llevado a cabo obras de mejora desde su entrada el pasado 1 de julio, sino que en agosto presentó los resultados de una inspección realizada por una empresa externa. “En dichos informes se hacía clara referencia al mal estado de las cubiertas de piscina, spa y sala de musculación”, cuentan. Neo incluso ha llegado a proponer la resolución amistosa del contrato “basándose en el estudio de viabilidad económica plasmado en el pliego con datos falseados y vicios ocultos en la instalación”.
De manera unilateral, el Gobierno aprobó ayer en solitario la modificación del contrato de gestión del complejo, estimando únicamente algunas de las alegaciones presentadas por la empresa. Neo deberá llevar a cabo antes del 15 de diciembre los trabajos de demolición (13.317,57 euros) y renovación del canalón (41.541,32 euros). Entonces, si efectivamente se han ejecutado las obras, podrá volver a abrirse la piscina al público.
Para pagar el coste de los trabajos, el Ejecutivo ha tenido que hacer una transferencia de crédito. En concreto, se han retirado 150.000 euros que iban a ser destinados a arreglar el cementerio municipal para ampliar la partida de instalaciones deportivas y pagar los 54.858,89 euros que costarán los trabajos. Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a reservar otra partida en las cuentas de 2026 para costear también la renovación del sistema de impermeabilización de la totalidad de las cubiertas ligeras del edificio. En este caso, se estima una inversión de al menos 308.900,86 euros.
Aunque la oposición agradeció la labor de los técnicos municipales y las explicaciones ofrecidas por el equipo de gobierno, decidió abstenerse. Fue el caso del Partido Popular, que advirtió al Gobierno de la necesidad de aprobar la transferencia de crédito antes de modificar el contrato: “No queremos que la empresa pueda encontrar algún resquicio legal y pueda tumbar lo que se apruebe”. Sin embargo, como el resto, quiso reflejar su rechazo a un proceso de adjudicación en el que primó el criterio económico sobre el modelo de gestión de las instalaciones.
Neo fue la única empresa que se presentó al proceso. Ciudadanos por Ciempozuelos (CPCI) quiso reprochar públicamente su actitud ya que, como señalaron en, “la empresa conocía a la perfección la situación de las instalaciones, por lo que es difícilmente entendible que un contrato se te adjudique y en dos días quieras la resolución del mismo”. Vox, de hecho, teme que este no sea el último capítulo de esta historia ya que “la empresa no está por la labor y, sospechamos, está en un ejercicio de poner trabas para ver si me echan”. Para Más Madrid, la solución pasaría por “caminar hacia una empresa pública que nos daría bastante autonomía a la hora de poder ejecutar este tipo de obras y proteger nuestro patrimonio”.
La alcaldesa, Raquel Jimeno, aseguró que “según los propios técnicos no hay alternativa a que podamos hacer las obras nosotros”, por lo que garantizó que “la aprobación en pleno es la imprescindible y única vía para para arreglar la cubierta de la piscina”. Ante la abstención de la oposición, la regidora se mostró crítica: “Su postura es bastante cómoda, pero si para algo sirve la mayoría absoluta es para la comodidad de algunos”. Sus palabras enfadaron al resto de grupos, que le recordaron que “no hemos participado en su decisión final ni en toda la trayectoria para llegar hasta aquí”.
Mientras tanto, la plantilla pide una solución para garantizar su futuro: “Tenemos a nueve trabajadores en situación de ERTE parcial, y no sabemos si en breve será total para los 23 integrantes de la plantilla ante la disminución de usuarios e ingresos por no poder dar un servicio completo”. Recuerdan que “los días siguen pasando y no podemos dar un servicio completo” y que “sólo pedimos poder trabajar en una instalación digna”.

















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