Guerra abierta entre la Policía Local y el Gobierno de San Martín de la Vega: un conflicto sin solución aparente

“Policía en ruinas”, “Las dependencias de Policía Local de San Martín de la Vega se quedan vacías” o “Tu seguridad está en riesgo” son algunas de las proclamas que las secciones del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) vienen empleando desde finales del 2024 para denunciar la falta de agentes en el municipio y pedir mejoras económicas. Desde que cargaron por primera vez contra el equipo de gobierno en un comunicado conjunto publicado el 27 de noviembre, el conflicto entre los sindicatos y el Ejecutivo no ha hecho más que empeorar.

Los policías han empapelado San Martín con papeles vinculando la falta de efectivos con el incremento de la criminalidad, han acudido a los plenos para mostrar su oposición al Gobierno local y se han manifestado en las calles para exigir una subida retributiva que haga que el municipio deje de ser visto como un trampolín para continuar opositando. “En la penúltima promoción, fueron tres los agentes que aprobaron y ninguno de ellos está ya aquí. Hay que hacer que esas personas quieran quedarse”, señalaron los portavoces de ambas agrupaciones a ZIGZAG, días después de haber recorrido con pancartas la avenida Manuel Jarabo. 

El origen de este clima de tensión entre ambas partes se encuentra en otoño, entre los meses de septiembre y octubre, cuando los sindicatos policiales se sentaron con el equipo de gobierno para pedir un aumento del complemento de destino. Las reuniones coincidieron en el tiempo con la tramitación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y los problemas que experimentó el Ayuntamiento con el pago de nóminas cuando se completó la partida de productividades prevista para 2024 y fue necesario aprobar una modificación presupuestaria para realizar los pagos pendientes. 

Los políticos hablan de una petición de 400 euros más al mes —cifra que se sumaría al incremento retributivo de 104 acordado cuando se firmó el convenio colectivo en 2023— y un plazo de 48 horas para comunicar su decisión con la advertencia de iniciar movilizaciones. CPPM y CSIF matizan que nunca han puesto sobre la mesa una cifra exacta, sino que demandan que se equipare su situación económica a la de los agentes en municipios madrileños de idéntica población a fin de que “San Martín no se quede atrás y deje de perder policías”. 

El bando de la discordia

El acuerdo entre ambas partes no llegó y las protestas continuaron en las calles y en las redes sociales hasta que, hace un mes, el Gobierno local tomó la decisión de repartir un bando municipal para informar a los vecinos de lo que estaba ocurriendo. El Ejecutivo, que había optado por mantener un perfil bajo hasta ese momento, recogió en ese escrito el salario bruto que cobran de media los agentes, los días que trabajan al mes, las retribuciones que perciben en las fiestas patronales, los acuerdos alcanzados en 2023 y las nuevas plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025, acusando a los sindicatos de someter “a un chantaje” al Consistorio con medidas de presión como la negativa a cubrir los servicios de refuerzo en la cabalgata de Reyes del 5 de enero. 

“Los vecinos nos preguntaban qué estaba pasando y llegó un punto en el que decidimos exponer de forma pública nuestra postura y revelar las condiciones de los policías, con las que nosotros estamos de acuerdo, pues las hemos aprobado. No valoramos si son buenas o malas, sólo las exponemos para conocimiento del vecino junto a sus reivindicaciones”, manifestó Sergio Neira, primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, en una reunión mantenida el 1 de abril con este medio para tratar el asunto en profundidad.

La elaboración del documento fue un trabajo en equipo de cuatro ediles: Neira, el concejal de Recursos Humanos, Miguel Ángel Martínez; la concejala de Hacienda, Sonia Azuara, y el alcalde, Rafael Martínez. “Queríamos que fuera riguroso, que no entrara en valoraciones. Se ha revisado al dedillo para que nadie pueda decir que mentimos”, continuó el regidor en el encuentro, afirmando que no cederá a las peticiones de los sindicatos. “Se lo hemos dicho ya por activa y por pasiva. Los complementos no se van a tocar”. 

Lo que los mandatarios describen como un documento con el que buscaron dar a conocer “de forma objetiva” a la población qué estaba pasando fue visto por los sindicatos, desde el primer momento, como una forma de “deslegitimar la autoridad que la Policía Local ostenta en la calle”. Varios policías acudieron a los plenos de marzo y abril para reclamar un perdón al alcalde al considerar que muchas de las cuestiones que aparecen indicadas en el comunicado “no son verdad” y que “juegan con las palabras” para usar los datos en su beneficio. “Nos ha dolido la intencionalidad. Dicen que trabajamos 14 días al mes sin hablar de horas y que cobramos de media 2.634,67 euros líquidos, cuando yo para percibir eso tengo que hacer al menos dos o tres servicios extraordinarios. El compañero con mayor antigüedad, 36 años, ni siquiera llega a esa cantidad”. 

Martínez y Neira aseguran que las cifras que aparecen en el documento se han calculado realizando una media de lo que cobran los 19 agentes de la plantilla, atendiendo a su salario base y sus productividades y aplicando una retención de en torno al 22% para el cálculo del dinero que termina en sus cuentas. “Evidentemente habrá quien cobre más y quien cobre menos, pero este importe es el término medio”, defienden los políticos, aludiendo al estudio que llevaron a cabo para ver dónde se emplaza San Martín si se le compara con municipios de su mismo rango poblacional y recursos similares. En su informe, el Ayuntamiento sitúa la media del salario bruto en San Martín —sin tener en cuenta la antigüedad— en 2.805,42 euros, un importe que supera al del municipio vecino de Ciempozuelos (26.140 habitantes) y es prácticamente idéntico al de pueblos como Mejorada del Campo (24.659) o Torrelodones (25.316). Todos lo aventajan, eso sí, en el pago a los oficiales.

Una de las afirmaciones de la carta que más daño ha hecho a los policías es la de que “realizan catorce días de trabajo al mes”, algo que los representantes municipales explicarn que viene del sistema 7-7 que se les aplica. En San Martín, los agentes trabajan siete días seguidos y libran otros siete. Sus jornadas son de ocho horas y cuarto y tienen la particularidad, si se les compara con el resto de funcionarios del Ayuntamiento, de trabajar fines de semana y festivos. “Hacemos las horas que se aprobaron en el convenio, ni más ni menos. Hablar de que trabajamos 14 días al mes es engañar al vecino al emplear como quieren los datos”, argumentan los sindicatos, muy enfadados con que esas palabras lleven el escudo del municipio. 

El motivo de las salidas

Aunque en estos años ha habido varias jubilaciones como la de Isabel Blández que han generado vacantes que ahora se tienen que cubrir, el principal problema de San Martín es que los agentes se van. Mientras para los sindicatos esto se debe al desequilibrio que existe entre lo que cobran en la localidad y lo que pueden percibir en otros municipios con los mismos o menos habitantes, para el Consistorio los motivos son la necesidad de estar más cerca del lugar de residencia o la voluntad de irse a ciudades con más capacidad presupuestaria contra las que les es imposible competir. 

Desde el año pasado, San Martín ha perdido unos ocho o nueve agentes. Cinco de ellos se fueron del tirón cuando se publicó una sentencia que permitió a los policías que habían estado en otra administración regresar a ella sin ningún tipo de proceso selectivo. “En el año 2000, hubo cinco o seis que vinieron desde Fuenlabrada y que han optado por irse al salir esta resolución”, indica Neira sobre las pérdidas, que han provocado que en lo que va de 2025 —CPPM y CSIF han llevado un recuento hasta el 1 de abril— haya habido 21 servicios sin patrulla. El concejal de Seguridad también culpa de estas salidas a la forma en la que están regulados los procesos selectivos para ingresar en el cuerpo. 

Cada año, el Ayuntamiento saca unas determinadas plazas en su OEP atendiendo a la tasa de reposición para que sean ocupadas por los mejores candidatos en los exámenes. Finalizadas las pruebas, estos han de pasar seis meses en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), donde ahora mismo se encuentran las tres personas que superaron el último proceso. “Durante todo este tiempo nosotros nos hacemos cargo de parte de su salario y ellos pueden continuar opositando en otro sitio que les venga mejor. Y lo que ocurre es que si deciden irse dejan otra vez una vacante que no se podrá cubrir hasta que se publique una nueva OEP al año siguiente”, explican los dirigentes.

Sea como fuere, lo cierto es que el municipio está muy lejos de cumplir con las ratios recomendadas: la Unión Europea sugiere 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) habla de 1 por cada 667. San Martín de la Vega, con 20.733 vecinos en la última actualización del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE), debería contar con 37, para alcanzar la primera proporción aconsejada, y 31, de ajustarse a la segunda.

La esperanza del Consistorio está puesta en conseguir cubrir las 12 plazas que convocará este año, lo que los sindicatos creen que no pasará basándose en su experiencia y en el conocimiento que los aspirantes pueden tener de la problemática que existe en el pueblo. “Eran diez a priori, pero al final hemos alcanzado la docena. No vamos a poder llevar la OEP al pleno de abril porque faltan cosas por pulir, pero sí al de mayo”, señala el alcalde, reconociendo que ahora mismo no está aceptando las solicitudes de comisiones de servicio que están realizando los agentes. “No es de recibo que teniendo 19 agentes nos quedemos con 10”. 

El uso de la delincuencia

Lo peor para el equipo de gobierno de San Martín de la Vega ha sido el uso que los sindicatos y el principal partido de la oposición, el PP, han hecho a lo largo de estos últimos meses de los datos de criminalidad del municipio. La localidad cerró el año con la segunda subida más importante de la Comunidad de Madrid en número de delitos (+16,6%), sólo por detrás de Parla, y en la decimoprimera posición en el ranking de delincuencia regional con 51,4 hechos delictivos por cada mil habitantes. Su tasa de criminalidad se situó por debajo de la media madrileña (57,1), si bien superó la registrada en todo el territorio nacional (51,1%). 

De tener algo que ver la falta de policías en estos datos, el Ejecutivo local defiende que debería apreciarse en el primer balance de este año, no en los anteriores. “Veremos si mejoramos o empeoramos, pero nuestro principal problema en estos informes ha sido venir de ser uno de los pueblos más seguros. Al final, si en 2023 no hubo ningún robo con fuerza y en 2024 hubo uno, la estadística dice que ha subido un 100%. Si te quedas sólo con este número, sin mirar nada más, parece muy alarmante”, afirma el alcalde. “Nunca negaré estos datos, pero sí que San Martín sea un municipio inseguro”. 

Unas fiestas seguras

El Gobierno sostiene que el conflicto no va a afectar a la seguridad en las fiestas de San Marcos. Los representantes municipales ya han hablado con Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid, la Benemérita de San Martín de la Vega y la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos para asegurar que todo está en orden. “En nuestros diez años de fiestas no hemos tenido que lamentar incidentes y esperamos que este año tampoco pase nada”, indica Martínez, adelantando que, como ya viene siendo habitual, se instalarán 12 cámaras de seguridad entre la zona del recinto ferial y la carpa municipal. “Queremos que la ciudadanía esté tranquila”. 

No obstante, el clima de tensión sí ha tenido consecuencias en lo que al envío de refuerzos policiales desde otros municipios se refiere. El Ejecutivo local planteó la posibilidad de recibir agentes a dos o tres localidades a través de comisiones de servicio y, aunque parecía que no habría inconveniente alguno, ha terminado obteniendo un no por respuesta. “N nuestros agentes siempre han acudido cuando ha sido necesario, pero los sindicatos enviaron un comunicado instando a sus compañeros a que no viniesen. ¿Qué buscan? ¿Quieren que las fiestas no salgan bien?”.

En la carta de la sección sindical de CPPM en San Martín, a la que ha tenido acceso ZIGZAG, se manifiesta que “la corporación se niega a negociar un acuerdo apropiado a la difícil situación que atraviesa la plantilla de la policía” y se pide a los efectivos de la Comunidad de Madrid que no acudan a los festejos patronales al considerar que con ello “se están vulnerando nuestros derechos como trabajadores”. 

Estos últimos movimientos y las declaraciones de ambas partes hacen presagiar que el enfrentamiento está lejos de llegar a su fin, más si cabe al ver la firmeza con la que el alcalde proclama que no cambiará su postura en este asunto: “Después de haber firmado el convenio y las productividades en 2023 nos parece una tomadura de pelo que ellos sigan pidiendo más dinero. Tenemos que ser consecuentes y decir hasta aquí, porque la plantilla del Ayuntamiento no la conforman sólo los policías. Son 182 trabajadores”.