Basura hasta en los bolsillos

Anda Valdemoro revolucionado estos días. Y no es para menos. A partir del año que viene las familias valdemoreñas pagarán 100 euros más al año en impuestos, pero no recibirán ningún servicio adicional. La tasa de basuras impuesta por la Unión Europea ha llegado a Valdemoro y promete dar mucho de qué hablar.

Para conocer el origen de esta tasa hay que remontarse a 2008. Aquel año, una directriz europea puso como objetivo a los países miembros aumentar hasta el 50% la reutilización y el reciclado de residuos para 2020. Diez años después, España sólo reciclaba el 30% de sus residuos por lo que la Comisión Europea hizo una serie de recomendaciones a nuestro país como introducir impuestos municipales sobre residuos para los hogares.

Así surgió la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados por la que el Gobierno de España dio un plazo de tres años —hasta abril de 2025— para que las administraciones locales estableciesen un impuesto “específico, diferenciado y no deficitario que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real” de todas las operaciones de los residuos. En definitiva, que pague quien contamine.

La mayoría de ayuntamientos, ante el más que previsible rechazo de la ciudadanía a este nuevo impuesto, están apurando todos los plazos legales. El Gobierno del Partido Popular y Vox en Valdemoro, sin embargo, ha sido uno de los primeros en modificar su ordenanza para que el cobro entre en vigor desde enero del año que viene. Aunque los vecinos ya pagaban una tasa de basuras, la necesidad de cubrir los 6,3 millones de euros que se pagan anualmente a la Mancomunidad del Sur por la gestión de los residuos ha obligado a que ésta crezca de forma espectacular.

Pero la subida no será igual para todos. Mientras que las familias verán incrementado el recibo en una media de cerca de un 300%, para las empresas y locales comerciales el repunte de la tasa no superará en ningún caso el doble de lo que venían pagando. La noticia ha generado una gran controversia entre la población que, a través de una campaña de recogida de firmas impulsada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro (ACUSVAL), ha pedido de forma masiva al Gobierno que introduzca bonificaciones para reducir el impacto en la economía local.

Ciertamente, el Ayuntamiento de Valdemoro, a diferencia de la mayoría de administraciones que se han puesto al día con la norma, no ha establecido prácticamente ninguna ayuda. No existen bonificaciones por reciclaje, generación de residuos o el número de personas que residen en cada hogar, si bien se han mantenido las ayudas para familias numerosas y con pocos recursos. PP y Vox tratan de escurrir el bulto hacia el Gobierno central, pero lo cierto es que han tenido el mismo tiempo que el resto de municipios para introducir una tasa más progresiva y justa.

Por si fuera poco, el Ejecutivo local se ha metido en un nuevo berenjenal: ha prometido que el año que viene bajará el IBI, el numerito del coche y varios precios públicos. Una promesa que no parece muy realista para una ciudad que también tiene como objetivos acabar con su deuda y, al mismo tiempo, recuperar servicios y dar brillo a las instalaciones municipales tras años de auténtica parálisis. De hecho, el Consistorio acaba de reducir las ayudas por el uso de placas solares para aumentar la recaudación municipal.

Todo no se puede y, al final, quien paga el pato de todos estos vaivenes es siempre la ciudadanía.