San Martín de la Vega sube por primera vez el IBI desde 2015

El Gobierno de San Martín de la Vega ha decidido subir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tras las seis reducciones aprobadas desde su llegada al poder en el año 2015. Los doce concejales del equipo de gobierno socialista se valieron de su mayoría absoluta para dar luz verde en el pleno ordinario del mes de julio, celebrado el pasado miércoles, a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del tipo impositivo, que pasará del 0,475% actual al 0,51% en enero de 2025. 

Pese a ir en contra de la política de no subir impuestos por la que el PSOE venía apostando hasta la fecha, reflejada también en su campaña para las elecciones municipales de 2023, el incremento del IBI en San Martín no es una sorpresa. El alcalde, Rafael Martínez, ya lo había dejado caer en su última entrevista con ZIGZAG, publicada en el número de junio, al declarar que, con las nuevas obligaciones del Ayuntamiento por haber superado la barrera de los 20.000 habitantes, sería necesario “revisar algunas tasas e impuestos” para “mantener la calidad de los servicios que tenemos”.

Así defendió la medida la concejala de Hacienda, Sonia Azuara, en su intervención en la sesión ordinaria ante los ataques del portavoz del PP, Marcos Ocaña, y así lo expresó también el equipo de gobierno en la publicación realizada en la web municipal para informar a los vecinos, indicando que el Ayuntamiento “se ha visto en la obligación de aprobar un aumento del tipo impositivo” y vendiendo el incremento como “una leve subida”.

“La diferencia con el actual es de 0,035 puntos. Cabe recordar, remontándonos a tiempos antiguos, que está muy por debajo del 0,6136% que aprobó el PP en sus años de gobierno”, señaló la edil, puntualizando que la intención es que la variación tenga un carácter provisional hasta que el Consistorio se adapte a la novedades que vienen de la mano del crecimiento poblacional, como el pago de la tasa de bomberos.

Aunque la única concejala de Vox en la corporación municipal optó por no participar en el debate y se limitó a votar en contra de la propuesta, Ocaña sí quiso tomar la palabra para acusar al PSOE de haber construido “una historia de engaño y de traición al votante”. El portavoz leyó la página del programa socialista en la que el partido se comprometía a “no incrementar el IBI y a aprobar reducciones moderadas, si es posible, durante el mandato” y tiró de la hemeroteca de la revista ZIGZAG, sin llegar a mentar a este medio, para demostrar que tanto Azuara como Martínez habían mentido. 

La primera por asegurar en enero, cuando fue entrevistada por la aprobación del presupuesto municipal, que la intención del Gobierno local era mantener el tipo impositivo del IBI. Y el segundo, por afirmar, hace tan sólo unas semanas, que dedicaría el verano a estudiar una posible subida. “El verano para el alcalde dura diez días. Bueno, menos, porque cuando se repartió esto ya lo tenía decidido”, manifestó el edil, acusando a los socialistas de llevar la modificación al pleno de julio para minimizar las críticas al estar la mayoría de vecinos de vacaciones. 

Ocaña cifró en 850.000 euros, apoyándose en el informe del interventor, la cantidad que el Ayuntamiento sumará a sus ingresos anuales con esta nueva subida y reprochó al equipo de gobierno que no contemple ningún tipo de recorte de gastos para aminorar el incremento. 

“¿Qué propone para reducir el gasto? ¿Despedir a trabajadores municipales? ¿Recortar los servicios públicos? No estamos dispuestos a ello”, respondió la concejala de Hacienda. “Las ordenanzas las traemos ahora, no por el veranito, si no para que se aprueben en tiempo y forma por si alguien presenta un recurso. Como hemos hecho siempre y como también haremos con el presupuesto y con la cuenta general”. 

El alcalde tomó la palabra en última instancia para cerrar el punto insistiendo en que su equipo no tiene la intención de hacer las cosas a escondidas, como prueba que los plenos se retransmitan en directo, y explicó en qué se traducía la subida porcentual para las familias: “En una casa media de 80 metros cuadrados en San Martín de la Vega se pagarán entre 3 y 12 euros más al año”. 

Recargo del 100% para las viviendas desocupadas

El portavoz popular también fue muy duro con el punto de la modificación relativo a las viviendas desocupadas, al considerar que el recargo contemplado —100% para pisos que se encuentren vacíos de forma injustificada— era un ejemplo del “intervencionismo puro y duro por el que apuesta el Partido Socialista”.

Azuara justificó la medida aludiendo al problema que los inmuebles vacíos suponen para el Ayuntamiento por su falta de control y conservación, sin entrar a valorar los posibles riesgos que entrañan para la seguridad ciudadana. “No hablamos de un vecino que no quiera alquilar su segunda vivienda. Hablamos de grandes tenedores, de fondos buitres y entidades financieras”, sentenció la edil de Hacienda.