Ya hay fecha para el juicio del caso Púnica que investiga el contrato millonario de Cofely en Valdemoro

El exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza no se sentará en el banquillo por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del contrato a la empresa Cofely hasta dentro de un año. La Audiencia Nacional ha fijado para el 7 de abril de 2025 el inicio de la vista oral de la pieza 6 del caso Púnica, donde figura entre la lista de 37 acusados.

Los regidores, ediles y técnicos investigados habrían recibido dádivas a cambio de facilitar la adjudicación de estos contratos a la compañía en cuestión, asesorada económicamente por David Marjaliza, el socio de Francisco Granados al que la Fiscalía Anticorrupción juzga como “conseguidor” de estos acuerdos. Se calcula que los contratos bajo sospecha suman más de 224 millones de euros, lo que convierte a esta parte de la investigación en la de mayor fraude de toda la macrocausa. 

En concreto, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 considera que, entre 2012 y 2014, los investigados actuaron "como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban".

El contrato de suministro energético que se investiga en Valdemoro supera los 60 millones de euros y se adjudicó por un periodo de 15 años el 5 de diciembre de 2013, cuando Boza era alcalde del municipio. No fue anulado hasta que en abril de 2018, la corporación municipal encabezada por la coalición del PSOE, Ganemos Valdemoro e Izquierda Unida se reunió en un pleno urgente para aprobar su resolución y el inicio de su revisión de oficio. 

En el auto de apertura de juicio oral, presentado en julio de 2022, la Fiscalía Anticorrupción pide penas de cárcel para los principales implicados, que sea investigada su situación y capacidad económica y se haga efectiva la indemnización que prudencialmente se estima que debe ser satisfecha por ellos: 300.000 euros respecto del empresario David Marjaliza y 6.000 euros respecto de los demás acusados, entre los que se encuentra el exalcalde de Valdemoro.

La indemnización de más de 2 millones de euros a Cofely

El punto por el que se aprobó la resolución del contrato con Cofely en Valdemoro fue aprobado con los votos a favor de los concejales de todos los partidos que conformaban la corporación, a excepción de los ediles de Ciudadanos, que optaron por la abstención al considerar necesaria una sentencia condenatoria para asegurar que no hubiese riesgo de tener que pagar posteriores indemnizaciones a la empresa. “¿Cuánto nos va a hacer pagar este Gobierno por lograr el titular de la rescisión del contrato con Cofely?”, se preguntó el portavoz del partido naranja, Sergio Parra, en su intervención en la sesión. 

Días después del pleno, el entonces alcalde, Serafín Faraldos, concedió una rueda de prensa para dar a conocer que el Ayuntamiento había iniciado el expediente para anular el contrato. En esa comparecencia, Faraldos aseguró que “en ningún momento” se iba a poner en riesgo el suministro eléctrico, pues, “por interés público, la empresa deberá seguir prestando los servicios hasta que pueda ser sustituida de forma directa por el propio Ayuntamiento o por otro contratista”. 

Casi cuatro años más tarde de la resolución del contrato, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 21 de Madrid, a través de un auto del 27 de febrero de 2023, anuló parte del acuerdo que el Ayuntamiento tomó en el pleno extraordinario de abril de 2018 y condenó al Consistorio a pagar a la empresa Cofely 2.168.498,18 euros. El importe a abonar se correspondía con la suma de las 45 facturas que no se pagaron a la empresa entre el 11 de noviembre de 2017 y el 1 de abril de 2019. 

Sin pruebas para atribuirle el delito de cohecho en la pieza 5

En octubre de 2023, la Audiencia Nacional no encontró indicios suficientes para atribuir el delito de cohecho a Boza por el presunto cobro de pagos en B en la concesión de un contrato de estacionamiento regulado. El que fuera alcalde de Valdemoro desde su investidura en 2011 hasta su dimisión en 2014, fue una de las 21 personas que el juez Manuel García-Castellón propuso sentar en el banquillo como acusado de la pieza 5 de la trama Púnica.

La Sala de lo Penal concluyó que no había pruebas suficientes que apuntaran a cobros en B de Boza en la licitación del servicio. El auto recoge la “ausencia total de indicios en cuanto al pago de dádivas relacionadas con el expediente en cuestión, siendo así que se desconoce quién paga, donde paga y cómo paga, además de quién sería el beneficiario de los supuestos pagos".

Tampoco fue condenado en el marco de la pieza 10, donde formaba parte de la lista de dirigentes del Partido Popular procesados por la contratación de trabajos de reputación online a empresas EICO y Madiva de Alejandro Pedro. García-Castellón acordó el sobreseimiento de la misma al no haber apreciado la existencia de un concierto de las 40 personas acusadas para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria.