José Carlos Boza, en la pegada de carteles previa a su elección como alcalde.La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha encontrado indicios para atribuir el delito de cohecho al exedil del Partido Popular.
La Audiencia Nacional no ha encontrado indicios suficientes para atribuir el delito de cohecho a José Carlos Boza por el presunto cobro de pagos en B en la concesión de un contrato de estacionamiento regulado. El que fuera alcalde de Valdemoro desde su investidura en 2011 hasta su dimisión en 2014, fue una de las 21 personas que el juez Manuel García Castellón propuso sentar en el banquillo, el pasado mes de abril, como acusados de la la pieza 5 de la trama Púnica.
La lista también incluía a los exalcaldes Francisco Granados, José Miguel Moreno y Manuel Salguero y a los exconcejales José Javier Hernández Nieto y Juan Francisco Pérez Cabrera. El juez concluyó en su auto de pase a procedimiento abreviado que había amañado adjudicaciones del Ayuntamiento de Valdemoro para otorgar contratos a determinadas empresas, influidas directa o indirectamente por las decisiones de David Marjaliza.
Pese a estimar parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, la Sala de lo Penal ha concluído que no hay pruebas suficientes que apunten a pagos a Boza en la licitación del servicio público de estacionamiento. El auto, al que ha tenido acceso el medio Vozpopuli, recoge la “ausencia total de indicios en cuanto al pago de dádivas relacionadas con el expediente en cuestión, siendo así que se desconoce quién paga, donde paga y cómo paga, además de quién sería el beneficiario de los supuestos pagos".
La investigación de esta pieza se inició a raíz de las declaraciones de Marjaliza, que aseguró haber pagado comisiones cercanas a los 300.000 euros a Boza, cuando el exdirigente popular era alcalde de la localidad. El constructor afirmó que no se las había dado directamente a él, sino a su jefe de gabinete, Alfredo Ovejero.
"Se habla en un primer momento de una cantidad aproximada a 300.000 euros, para luego señalar dos pagos por importes de 39.930 euros y 86.418 euros respectivamente, cantidades muy alejadas de esos supuestos 300.000 iniciales. No existiendo ningún indicio del pago de sobornos en relación con este expediente, su exclusión resulta lógica y razonable", concluyen los magistrados en el auto.
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