Entre técnicos y políticos, la casa sin barrer

Tan malo es mantener lo que no funciona como cambiar por cambiar lo que sí funciona. Pero esta lógica de sentido común choca con la ´lógica’ formalista del Ayuntamiento, es decir, con el legalismo (formalidad que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo).

Esto es lo que ha ocurrido al apartar de la Escuela Municipal de Danza a ‘Tere’ y a su equipo, que llevaban gestionando el centro desde 2018 a plena satisfacción de los usuarios. Al conocer que el Ayuntamiento ha adjudicado la Escuela de Danza a otro equipo, ha estallado la indignación de padres y madres de la Escuela. Recogidas de firmas “contra el cambio de dirección y proyecto”, apoyos a ‘Tere’ y su equipo en las redes, acusaciones de “manipulación” y críticas a los “criterios mercantilistas” del Ayuntamiento en la adjudicación del nuevo contrato son algunas de las manifestaciones de enfado de los ciudadanos afectados.

No es la primera vez que esto ocurre con un servicio municipal. En junio de 2020 el concejal de Cultura decidió no renovar el contrato del director de la Banda Municipal de Música porque “no estaba haciendo un buen trabajo”. Sin embargo, fue con ese director con quien la Banda llegó a su máximo esplendor siendo reconocida como una de las mejores de la región. La decisión del concejal dejó a la Banda descabezada y sin actividad durante casi dos años. Mientras tanto, el pliego para contratar a un nuevo director, encargado al técnico de cultura, resultó ser un corta-pega del pliego de teatro plagado de erratas y fondo mercantilista, reduciendo a la irrelevancia lo esencial del cargo de director, como son los criterios técnicos, artísticos y humanos.       

Otra decisión municipal que provocó caos, fue la desaparición de Pintogym en la legislatura pasada.  El entonces gobierno de Ganemos Pinto decidió eliminar un servicio que era bien valorado por sus usuarios y lo adjudicó a una empresa fantasma, creando un problema donde no lo había.

Y qué decir de la infame carta que el 30 de diciembre de 2015, a instancias de técnicos municipales, envió el Gobierno a cinco ancianos tutelados por el Ayuntamiento, comunicándoles que el Ayuntamiento “extingue cualquier tipo de acuerdo con los residentes de la antigua residencia municipal (…) por lo que a partir de enero de 2016 no abonará ninguna cantidad” por la plaza de residencia que estaban hasta entonces disfrutando. Fueron los tribunales quienes echaron por tierra semejante barbaridad. Tras la condena judicial, ese Gobierno se limitó a confesar que “el asesoramiento técnico nos dijo que había que enviar esa notificación a los ancianos”.

Otra execrable decisión de Gobierno y técnicos municipales fue el retrasar durante tres años (de 2018 a 2021) la licencia de construcción de un ascensor en un vetusto edificio de la calle Parque Éboli, imprescindible para que los ancianos que vivían en pisos altos pudiesen salir a la calle…       

Algo no funciona en el Ayuntamiento de Pinto cuando se suceden, sin solución de continuidad y con distintos equipos de gobierno, tantos y tan graves asuntos.