El Gobierno regulará el servicio de PIMER-Protección Civil de Pinto

PIMER-Protección Civil vuelve a estar en el foco de la polémica. El Gobierno ha anunciado que está llevando a cabo un proceso de regularización del cuerpo para “intentar poner orden en un servicio que lleva años perdiendo efectividad”. Desde el PSOE aseguran que PIMER se encuentra en “una situación un tanto delicada” desde su creación e incluso el propio alcalde, Diego Ortiz, lo calificó como un “monstruo” que “no entiende ni el director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid”.

Posible duplicidad de servicios

Aunque Protección Civil echó a rodar en Pinto en 1991, el cuerpo vivió su mayor transformación en 2008 con la creación de PIMER (Primera Intervención Municipal de Emergencia y Rescate). El Consistorio, entonces gobernado por el Partido Popular, apostó por la “profesionalización” del servicio con la creación de una docena de plazas municipales de técnico auxiliar de emergencias, que pasaron a coordinar a los voluntarios de Protección Civil.

“Pinto ha apostado por un nivel de autoprotección para los vecinos mayor que en otras localidades”, declaró a ZIGZAG en 2015 el todavía hoy coordinador-jefe del PIMER-Protección Civil, David Rodríguez. El servicio había venido funcionando hasta el momento con el respaldo unánime de los vecinos y sin ningún sobresalto, contando además con una importante dotación de medios y hasta dos ambulancias y tres vehículos de emergencias para realizar sus funciones. 

Fue en la pasada legislatura cuando se puso sobre la mesa el principal problema que planea sobre el servicio: la posible duplicidad de funciones en la que podría estar incurriendo el Ayuntamiento de Pinto. En 2018 los técnicos municipales no se pusieron de acuerdo a la hora de decidir si el municipio tenía competencias para adquirir una nueva ambulancia, y ahora el Gobierno ha dado marcha atrás a la compra de un vehículo de emergencias. Incluso está en el aire que los trabajadores de PIMER puedan cobrar algunas horas extraordinarias pendientes.

Todos los partidos que actualmente cuentan con representación en la corporación local, a excepción del PSOE, defienden que Pinto tiene competencias en los servicios de emergencias, protección civil y prevención y extinción de incendios al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes. Las formaciones consideran que no existe tal duplicidad de funciones y se aferran además a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que valora su función como un “servicio esencial”.

El Gobierno, en cambio, no se ha pronunciado al respecto y no ha concedido la entrevista solicitada por este medio ante las últimas decisiones adoptadas por el concejal de Seguridad, Alejandro Robles. “Ni esto ni aquello ni lo de más allá denota que vaya a producirse una alteración de las competencias de PIMER y mucho menos que los vecinos vayan a quedarse sin sus servicios”, se ha limitado a señalar Robles, que el 21 de octubre retiró todas las competencias en materia de extinción de incendios y emergencias no sanitarias de PIMER-Protección Civil.

La suspensión de las funciones se produjo como consecuencia de la inmovilización de los dos vehículos no sanitarios del cuerpo. El 8 de octubre el Gobierno decidió inspeccionar únicamente estos dos coches por la “preocupación” que le transmitieron “diferentes trabajadores” por su exceso de peso. Contradiciendo su propia versión, el PSOE ha explicado que era una situación “conocida por todos los grupos políticos, dado que lleva años encima de la mesa esperando una solución”.

Efectivamente los coches, que en agosto habían superado la ITV, tenían un sobrepeso de 480 y 300 kilogramos, respectivamente. A pesar de las soluciones “inmediatas” aportadas por los trabajadores de PIMER, el Gobierno defiende que el restablecimiento de los vehículos “no es tan inmediato porque hay que evaluar si el material que llevan es prescindible o no”. También alega que “es necesario comprobar los daños en frenos, suspensiones y daños estructurales en carrocería”, pero afirma que está trabajando para que “el servicio pueda restituirse lo antes posible”.

Pero lo cierto es que detrás de la inmovilización de los vehículos se encuentran las exigencias de la Comunidad de Madrid, que ha amenazado con imponer sanciones si no se regularizan las intervenciones no sanitarias de los trabajadores de PIMER-Protección Civil.

Un municipio seguro

“La competencia en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos corresponde a la Comunidad de Madrid como diputación provincial”, zanjan desde el Departamento de Prensa del Gobierno regional. Las competencias de los municipios de más de 20.000 habitantes se limitan, según su versión, a la dispensa de este servicio en favor de la Comunidad de Madrid con el abono de la tasa correspondiente. Pinto, de hecho, paga 1.551.000 euros al año por los servicios del Cuerpo de Bomberos.

“Pinto es uno de los municipios mejor cubiertos de toda la geografía regional y española”, afirman desde la Comunidad de Madrid. Las alarmas de la localidad son atendidas por los parques de Valdemoro, Parla y Getafe, que cuentan con una dotación mínima diaria de 28 personas. Bomberos moviliza unos 400 vehículos al año en Pinto para atender una media de 200 servicios de extinción de incendios y salvamento, a los que se añaden otro centenar de sucesos atendidos por CECOP (Central de Coordinación Operativa del Cuerpo de Bomberos) que no necesitan la activación de ningún recurso.

Su tiempo medio de respuesta en Pinto es de 9 minutos y 2 segundos. El de PIMER-Protección Civil, según los últimos datos aportados por el Ayuntamiento de Pinto en 2016, era de 2 minutos y 40 segundos.

Último aviso

A partir de 2016 PIMER pasó a depender de Bomberos a la hora de llevar a cabo las labores de extinción de incendios y emergencias, que hasta ese momento representaban cerca del 40% de las más de mil intervenciones que realizaba anualmente. En 2017 el entonces concejal de Seguridad de Pinto, Raúl Sánchez, firmó un protocolo de actuación operativa entre ambos servicios con la responsable del Cuerpo de Bomberos, Anika Coll, para delimitar estas actuaciones. 

Desde la Comunidad de Madrid consideran que el documento “clarifica la relación de subordinación que existe entre el servicio, que actúa como primer recurso interviniente en los primeros momentos de la emergencia, y hasta la llegada del personal del Cuerpo de Bomberos, momento en el que debería pasar a prestar labores de apoyo”.

La firma del protocolo era en cualquier caso de obligado cumplimiento, y debía llevar aparejada la creación de un convenio de colaboración antes de 2019. Casi un año después el acuerdo todavía no se ha suscrito, si bien las fuentes consultadas afirman que “desde la Subdirección General de Protección Civil se ha ofrecido un texto al Ayuntamiento de Pinto que nos consta que han validado y está pendiente de firma”.

Hasta que no se ratifique el documento, advierten desde el Gobierno regional, “los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil que actúan junto a PIMER deberían dejar de prestar funciones operativas relacionadas con Bomberos”. El incumplimiento de esta orden “supondrá la baja de la agrupación en el registro de la Comunidad de Madrid sin perjuicio de otras acciones legales que pudieran interponerse”.

Los trabajadores, señalados

La regulación de los servicios de emergencia y extinción de incendios no es el único reparo que guarda la Comunidad de Madrid respecto a PIMER-Protección Civil. En cuanto a los recursos destinados por el Ayuntamiento de Pinto, las fuentes consultadas ven factible que el municipio cuente con un servicio profesional de primera intervención. Sin embargo, recuerdan que su potenciación deberá realizarse “siempre respetando el alcance de las inversiones y funciones evitando las duplicidades que la Ley limita, pues ya abona una tasa para un servicio y no debe incurrir en gastos para un servicio similar, en todo caso complementario”.

El Gobierno regional recuerda además que ha remitido “periódicamente y desde hace algunos años los reiterados incumplimientos” del protocolo firmado con Bomberos “por parte de algunos efectivos y jefatura del PIMER”. Asegura que en este tiempo se han producido “situaciones de riesgo y coordinación” por las que ha exigido “la adopción de medidas”.

Ya en mayo de 2019 el entonces director de Emergencias de la Comunidad de Madrid, Luis Villarroel, pidió nombrar un interlocutor entre PIMER y Bomberos. El principal señalado era el jefe del servicio pinteño, David Rodríguez, al que acusaba de tener una disposición “contraria al cumplimiento del protocolo y manifiestamente hostil hacia los miembros del Cuerpo de Bomberos”.

En la actualidad Rodríguez cuenta con un expediente abierto por parte del Ayuntamiento de Pinto, si bien sigue al frente de PIMER-Protección Civil sin que se haya nombrado hasta el momento interlocutor alguno con Bomberos.