Las comparecencias de PSOE y PP dejan más incógnitas que respuestas sobre el Atlético de Pinto

En el pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Pinto cuatro concejales comparecieron por el caso del Atlético de Pinto: los responsables socialistas de las concejalías de Hacienda y Deportes, Federico Sánchez y Lidia Rupérez; y los populares Tamara Rabaneda y Salomón Aguado. 

Los primeros lo hicieron a petición de PP y Ciudadanos por haber sido imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa al intentar cambiar las cerraduras del estadio municipal Amelia del Castillo, si bien la causa ha sido archivada provisionalmente. Los segundos han sido llamados a comparecer a petición del PSOE, que considera que los problemas con el Atlético de Pinto comenzaron durante la legislatura 2011-2015 en la que gobernó el Partido Popular. 

Los ediles afrontaron la mayor parte de las preguntas planteadas salvo en caso del concejal de Hacienda, que se negó a responder las cuestiones de PP y Ciudadanos: “No estoy compareciendo en una comisión, comparezco en un pleno, debería de tener que responder a cuestiones políticas”. En el tintero quedó por saber cómo el Gobierno intentó ejecutar el desahucio del estadio sin iniciar el correspondiente expediente administrativo; las razones por las que no se estableció un plan de pagos de la subvención reintegrable que recibió el club en 2014; o por qué PSOE, PP y Ciudadanos se opusieron en la pasada legislatura a la firma de un convenio para el uso del estadio. 

El Gobierno realizó por primera vez un extenso relato de los hechos. Lidia Rupérez contó cómo en el mes de junio reunió a todos los clubes de la localidad para abrir un proceso adjudicación de las instalaciones deportivas municipales del que el Atlético de Pinto ha quedado excluido tras la apertura del expediente de desahucio. El procedimiento, en cualquier caso, se encuentra detenido hasta que la Justicia decida a quién pertenece la titularidad del Amelia del Castillo tras la reclamación interpuesta por el club. 

Como es sabido, el primer enfrentamiento entre PSOE y Atlético de Pinto se produjo cuando la concejala de Deportes se personó junto con la Policía Local en el estadio. A pesar de que las instalaciones debían de estar cerradas por el coronavirus allí se encontraban “varias personas reunidas sin mascarilla, sin guardar la distancia de seguridad y haciendo algo que no correspondía”. 

A raíz de este incidente, el Ejecutivo decidió “regular la situación” del estadio con el intento de cambio de las cerraduras del pasado 9 de julio en el que no se siguieron los cauces preceptivos. “Cuando nos dimos cuenta de que era una acción que perjudicaba a terceros decidimos hacerlo bien”, se limitó a apuntar Federico Sánchez, que nunca llegó a ejecutar su amenaza. En este tiempo, afirman, se han producido “situaciones que rozan lo alegal” en las que incluso “se ha impedido el acceso al campo al mismísimo Ayuntamiento”. 

Entre acusaciones de todo tipo de uno y otro bando, las diferentes intervenciones evidenciaron que la problemática viene de largo. Por ejemplo, desde hace al menos nueve años el Ayuntamiento de Pinto no tiene llaves de acceso al campo municipal Amelia del Castillo. Otra muestra es que el club debe aún 40.000 de los 55.000 euros de la subvención reintegrable que debe de abonar íntegramente antes de 2024. 

El PSOE lanzó también otras graves acusaciones sobre presuntas decisiones tomadas por el PP que, sin embargo, estaban basadas en meros rumores. “Creemos que les dijeron a los operarios de Deportes que no fueran más a las instalaciones del Atlético de Pinto -señaló la portavoz del partido, Lola Rodríguez-. Las malas lenguas dicen que el club contrató a unas personas que vivían en las instalaciones y que se hicieron cargo de la gestión”. 

La concejala de Deportes también cargó duramente contra la nueva directiva del Atlético de Pinto. “¿Saben cómo se ha elegido esa junta directiva a la que los socios ni siquiera conocen?”, preguntó a la corporación. Rupérez mencionó a familias que acusan al club de “expulsar sin ningún motivo” a jugadores de la cantera y desveló las supuestas reticencias que guardan “los socios fundadores” respecto a su gestión. 

Tanto PSOE como PP defendieron haber actuado en base a las recomendaciones de los técnicos municipales y, en ambos casos, reivindicaron al Ayuntamiento de Pinto como único propietario del Amelia del Castillo. El Gobierno, además, garantizó que “nadie quiere que el Atlético de Pinto desparezca” y se comprometió a que el club pueda volver a hacer uso de las instalaciones deportivas cuando terminen los procesos abiertos “como ya viene haciendo con el Polideportivo Príncipes de Asturias”.