Historia de un ascensor

¡POR FIN! después de dos años de penalidades los ancianos de la calle Parque Éboli, 13, de Pinto ya tienen la licencia de obra para su ascensor…  Y los vecinos de Pinto ya tenemos una Ordenanza de Ascensores (BOCM del 29/04/2020) de acuerdo con la ley que prima la accesibilidad universal.  Pero para conseguir algo que debería haber tramitado de oficio la administración municipal, fue necesaria la tenacidad e insistencia del grupo de ancianos pinteños de ese inmueble en desigual lucha contra unos prepotentes técnicos municipales y unos negligentes políticos locales.

El logro de estos ancianos permitirá instalar ascensores en viviendas antiguas habitadas por personas mayores de 70 años y/o con discapacidad, lo que hasta ahora no permitían los técnicos del Ayuntamiento de Pinto.

A continuación resumo el dilatado, desagradable y tortuoso proceso que han padecido estos vecinos para conseguir hacer valer su derecho a la accesibilidad universal:

1. En el citado portal de la calle Parque Éboli viven personas muy mayores con graves problemas de movilidad que muchos días no pueden salir a la calle porque sus articulaciones y la escalera del edificio no se lo permiten. Además, se juegan la vida cada vez que hacen uso de la escalera.

Por ello hace tres años decidieron instalar un ascensor como se estaba haciendo en edificios antiguos similares de Madrid y otros pueblos. El 20 de julio de 2018 solicitaron al Ayuntamiento de Pinto la licencia de obra previo pago de casi 5.000 €. Con el pago se acabó lo sencillo con el Ayuntamiento y comenzó la pesadilla.

2. Los ancianos se toparon con un grupo de técnicos municipales (jefa de contratación y arquitecto, que cobran sueldos enormes de más de 70.000 €) quienes, ante la pasividad y negligencia del anterior alcalde, utilizaron su poderío y conocimientos para poner trabas de todo tipo, en lugar de facilitar a los ancianos la tramitación de la licencia (que para eso les pagan los vecinos).

Las leyes actuales en este ámbito anteponen las necesidades de las personas a los gustos y caprichos de los Ayuntamientos y obligan a la eliminación de barreras arquitectónicas, la accesibilidad universal y la no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los edificios y especialmente el acceso a sus propias viviendas.

3. El asunto de la licencia se llevó a los plenos del Ayuntamiento y a los medios de comunicación para afear la conducta de los técnicos que entorpecían su aprobación y de los políticos del gobierno local que lo permitían. Incluso los ancianos tuvieron que manifestarse delante de la puerta del ayuntamiento porque no veían fin a este proceso.

El actual alcalde, antes de las elecciones locales del año pasado, se comprometió públicamente a conceder la licencia de forma rápida, recriminando a los entonces gobernantes (Ganemos Pinto) su “falta de sensibilidad” y “lentitud” en desarrollar una ordenanza que, según dijo, “se podía tener en un mes”.

Cuando la Revista ZIGZAG (en enero y especialmente con la portada y el reportaje de marzo de 2019) y Telemadrid se hicieron eco de este atropello, el entonces concejal de Modelo de Ciudad dijo que ya “estaban trabajando en la Ordenanza”. Si esta ordenanza se puede hacer en un mes, como dijo el actual alcalde, ¿por qué han tardado casi dos años?

4. La Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas se desarrolló para asegurar que todos edificios mejorasen su accesibilidad para las personas con discapacidad o personas mayores y dio de plazo desde junio de 2013 hasta diciembre de 2017 para que la legislación nacional y local (ordenanzas de ascensores) se adecuasen a esta Ley.

Los responsables de licencias de obra del Ayuntamiento de Pinto NO concedían la licencia porque NO había ordenanza de ascensores… y NO había ordenanza porque estos mismos responsables de licencias no habían hecho su trabajo en el plazo dado por la Ley… ni tampoco después. Independientemente de la disparatada excusa anterior, la licencia de obra se tenía que haber concedido de forma automática porque el proyecto presentado por estos vecinos cumplía fielmente con la legislación correspondiente. Por este mismo motivo, también se podía haber concedido mediante un Decreto de Alcaldía, y así se le pidió al Sr alcalde, aunque sin resultado.

Lo ocurrido con esta licencia de obra no sé si encuadrarlo en el mundo del surrealismo, en el de las pesadillas o en el de la desidia e incumplimiento de obligaciones por parte de los servicios públicos locales, porque estos vecinos lo único que estaban pidiendo al Ayuntamiento era un documento que habían pagado para ejercer un derecho que les correspondía por ley.

Durante estos dos años de “batalleo” con el Ayuntamiento, los ancianos se han sentido engañados, despreciados y maltratados y les ha supuesto un desgaste desmesurado con graves daños morales y económicos. Por otro lado, esta demora ha supuesto un incremento de 30.000 € en el precio de la obra. ¿Quiénes son los responsables de tanto dolor y tanto daño?

Estoy en deuda con los que han apoyado esta causa, sin ellos todo hubiese sido más difícil aún. Aprovecho la ocasión para darles las gracias. Por unos motivos u otros no puedo citarlos a todos, pero valgan como ejemplos los siguientes:

Julio López Madera. Concejal y portavoz del PP de Pinto en aquel momento. En cuanto se enteró de lo que estaba ocurriendo lo llevó al Pleno del Ayuntamiento para reclamar una solución urgente.

Ángel Rodríguez de la Fuente. Doctor en Ingeniería Industrial, Experto en Derecho Administrativo y en Función pública local.

Carmen Fernández de Castro. Arquitecta urbanista. Fue arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Pinto a finales del siglo pasado y luego desempeñó el cargo de teniente de alcalde y concejala de Urbanismo. En la actualidad es funcionaria de Naciones Unidas y del Estado de España desarrollando proyectos urbanísticos al más alto nivel.

Pedro Arribas es vecino de Pinto e hijo de Eloy y Remedios, que son dos de los vecinos más perjudicados debido a su avanzada edad y precario estado de salud. Eloy, después de recibir el primer NO para la licencia solicitada inició el proceso de reclamaciones y denuncias, e ideó y encabezó la manifestación ante el Ayuntamiento.