La alcaldesa de Getafe está acusada de verter aguas fecales al Manzanares
El pasado mes de octubre, tras el acuerdo entre PSOE y Podemos, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández era elegida presidenta de la Mancomunidad del Sur, una entidad intermunicipal que tiene por objetivo fundamental “impulsar estrategias y mecanismos que reduzcan la generación de residuos” en aras de una mejora de la calidad medioambiental. Un nombramiento muy cuestionado, ya que Herández está actualmente imputada por un presunto delito medioambiental en relación a los vertidos de aguas fecales sin tratar directamente desde el barrio de Perales al río Manzanares, contaminando así sus aguas.
La decisión partió de un acuerdo alcanzado entre Podemos y PSOE para copresidir esta entidad conformada por 68 municipios del sur de la Comunidad de Madrid con cerca de 2 millones de habitantes, y que basa su actividad fundamentalmente en la gestión de residuos. En un primer momento, el pasado mes de julio, el PSOE nombró como vocal para la Mancomunidad a María Teresa Melladoconcejala de Mantenimiento y Limpieza del Ayuntamiento de Getafe en la presente legislatura, si bien poco después –el pasado 26 de agosto y en sesión extraordinaria urgente– la propia Junta de Gobierno acordaba sustituirla en sus funciones por la propia Sara Hernández.
La alcaldesa se enfrentó ya en el momento en el que se la imputó a la petición de su dimisión por parte del Pleno municipal de Getafe, que finalmente no salió adelante por los votos en contra de PSOE e IUCM-LV y la abtención de Ahora Getafe.
Vertedero de Pinto | En sus primeras declaraciones públicas, Hernández aseguró que su prioridad era revertir la ampliación del vertedero de Pinto y realizar un impacto ambiental en la zona. Sin embargo, apenas tres semanas después de su nombramiento, se reunía con el alcalde de Pinto, Diego Ortiz, en la que daba por perdida la lucha contra la ampliación del vertedero municipal, y asumía que su ampliación era práctiamente inminente, tal y como declaraba unos días despúes la Consejería de Medio Ambiente.
Esta misma semana, la edil era nuevamente criticada por su participación en la Cumbre del Clima el pasado 11 de diciembre. La alcaldesa ofreció en la COP 25 una ponencia sobre movilidad dentro de las Jornadas de Electro-Movilidad y Cambio Climático y puso a Getafe como ejemplo de buenas prácticas en las administraciones locales de España. Hace apenas una semana, organizaban también desde el Ayuntamiento una marcha por la sostenibilidad del planeta, que paseó por algunas de las calles más céntricas del municipio. Una serie de delcaraciones y prácticas que resultan paradójicas teniendo en cuenta su situación con la justicia por este delito medioambiental del que se la acusa.
El delito | Los hechos se remiten a hace más de un año, cuando en el mes de noviembre, la socialista tuvo que declarar ante el juez por vertidos de aguas residuales. Desde hacía al menos 10 años, las aguas fecales y residuales sin tratar que se vertían en el barrio de Perales del Río en Getafe acaban en el Río Manzanares. Una situación que salió a la luz gracias al partido Impulsa Getafe y que obligó a la alcaldesa a declarar como investigada el pasado 9 de enero, junto con el antes concejal delegado de Sostenibilidad, Jorge Juan Rodríguez.
Los vertidos se producían porque las aguas residuales llegaban a una estación de bombeo que llevaba cerca de una década inutilizada. Esta estación debía transportar esas aguas a la depuradora, sin embargo al no hacerlo, éstas evacuaban por una tubería que creaba un arroyo de unos 500 metros hasta el Manzanares.
En mayo de este año, la Fiscalía concluyó que los inicales 10 años, habán sido en realidad 24. Además, y según constan en el escrito de la Fiscalía, desde 2005 se ha sancionado al Consistorio por mala praxis en ese sentido, con multas que oscilan entre los 3.000 y los 49.993,8 euros. En uno de los casos, incluso, el expediente llevó aparejada la obligación de indemnizar los daños ocasionados al dominio público hidráulico, por valor de 14.998,15 euros.
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