Cuenta atrás para el fin del contrato con la empresa que gestiona el lago de Pinto

Las negociaciones con la empresa Cable-ski, responsable de la gestión del lago del todavía Parque Juan Carlos I de Pinto llevan meses sobre la mesa. Ya el pasado mes de octubre, el alcalde de Pinto anunció en una entrevista a ZIGZAG la inmediata rescisión del contrato con esta empresa por incumplimiento de sus funciones en cuanto al mantenimiento y cuidado del lago de Pinto y sus alrededores.

Hace a penas dos meses, el Consistorio volvía a anunciar que “tras haber realizado varios requerimientos a la empresa privada sin obtener respuesta”, el Gobierno local iniciaría los trámites necesarios para poder rescindir este contrato ante el estado “inaceptable” en el que se encuentra el lago, decía el propio alcalde, Diego Ortiz.

Ante el revuelo causado por el cambio de nombre del parque, debido a los múltiples escándalos financieros en los que está envuelto el rey emérito que da nombre a la zona verde, el grupo municipal Ciudadanos resaltó en el último pleno que “lo peor de nuestro parque no es el nombre”, haciendo alusión a la dejadez en la que se encuentra el lago y decidió por tanto presentar una moción para tratar de agilizar los trámites y solucionar el problema de abandono del recinto.

El Partido Socialista, al frente del Gobierno de Pinto, votó a favor de la moción, que ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales -salvo Podemos, que se abstuvo-, afirmando que “ya están trabajando en esta cuestión”, por lo que la cuenta atrás para rescindir el contrato con la empresa concesionaria, Doublewake S.L. parece inminente.

En su moción Ciudadanos también lamentóa que “tras siete años de contrato no se hayan pedido explicaciones a esta empresa” y tilda de “sospechoso” que se haga “justo cuando está habiendo pérdidas de agua en el vaso”, una cuestión que afecta directamente al Ayuntamiento, puesto que es quien asume el llenado de la superficie, que tiene un coste de alrededor de 200.000 euros.

Desde la formación naranja piden que se amoneste a la empresa por dejación de funciones, que se solicite una indemnización a la misma por daños y perjuicios y que pidan a la empresa la cantidad suficiente “para poder realizar las obras y arreglos que se comprometió a realizar durante el periodo de la concesión, ya que han empeorado el estado de las infraestructuras por el no acometimiento de las obras necesarias”.

“Sabemos que las mociones no son vinculantes y que no tienen por qué llevar a cabo todas estas peticiones, pero confiamos en la voluntad del equipo de Gobierno ya que han votado a favor de acabar con esta lacra”, sostienen desde Ciudadanos.