Gobierno y UTE inician negociaciones para recuperar los servicios que prestaba Aserpinto

Por primera vez en el presente mandato Gobierno y Valoriza-Gestyona se han sentado a negociar una posible resolución del contrato de limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y recogida de RSU iniciado en enero de 2014. Ayer lunes ambas partes se reunieron para estudiar la posibilidad de devolver a Aserpinto los servicios externalizados durante la anterior etapa del Partido Popular ante “el descontento generalizado en el municipio”.

Desde la llegada de Ganemos Pinto a la alcaldía pinteña la UTE ha realizado dos planes de choque y ha recibido seis sanciones, una de ellas muy grave, por valor de 65.000 euros. “Los resquicios que hay en los indicadores les permiten escabullirse”, ha lamentado en varias ocasiones el Gobierno, y lo cierto es que la última sanción impuesta es de mayo del año pasado. En las próximas semanas Aserpinto se hará cargo del control de calidad a la UTE, lo que para el Ejecutivo conllevará “un control aún más riguroso”.

Por otro lado, cinco trabajadores despedidos por Valoriza-Gestyona han sido readmitidos en Aserpinto en cumplimiento del acuerdo para el fin de la huelga de 2013, que fue posteriormente ampliado. El polémico ‘acuerdo del chivatazo’, adoptado sin contar con trabajadores y sindicatos de la UTE y con el rechazo de toda la Oposición, abre la posibilidad de admitir en Aserpinto a aquellos trabajadores que denuncien a la empresa.

Aunque es la primera vez que ambas partes se sientan para negociar una posible recuperación de los servicios, sí se han producido algunos acercamientos en el pasado como reconocía el alcalde Rafael Sánchez en una entrevista a Zigzag en mayo de 2017: “Les hemos tirado alguna vez los tejos para ver si había alguna posibilidad de rescatar alguno de esos servicios. Jurídicamente estamos mirando opciones porque me gustaría recuperar alguno de los tres, sobre todo el de limpieza viaria que creemos que es el que está funcionando peor. Algo de eso sí ha habido, pero nada de rescatar el contrato”.

A pesar de que “la tarea no está exenta de dificultades”, el regidor pretende que el contrato “se resuelva de común acuerdo”. Puesto que el Gobierno ha descartado en varias ocasiones la vía unilateral, que conllevaría un perjuicio económico para las arcas municipales “de más de 60 millones de euros”, la única alternativa pasaría por una rescisión del contrato ante la acumulación de sanciones. En junio del año pasado el concejal de Medio Ambiente Raúl Sánchez aseguró, durante el anuncio de una nueva sanción leve que no llegó a hacerse efectiva, que esta posibilidad “empieza a ser cierta”.