Los MIR rechazan a Pinto y Ciempozuelos: ninguno ha elegido plaza en sus centros de salud

Los problemas que sufren los centros de salud de Pinto y Ciempozuelos no resultan ajenos para los estudiantes del examen MIR (Médico Interno Residente). De los 149 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que terminaron su formación este mes de julio, 85 han escogido los contratos ofertados por la Gerencia de Atención Primaria. Y, entre estos últimos, 15 han decidido coger una plaza en un centro de salud fijo en grupo.

Son cinco los ambulatorios que recibirán a estos nuevos profesionales. Cuatro de ellos están considerados, al igual que Pinto y Ciempozuelos, como centros de difícil cobertura: Los Rosales (4 médicos nuevos), La Paz (4), Panaderas (3) y Parque Oeste (2). El quinto centro de salud agraciado ha sido el de Presentación Sabio, que contará con dos nuevos médicos.

Desde el año pasado, la Comunidad de Madrid está abonando 500 euros más al mes a los médicos y pediatras que prestan atención en los centros de salud declarados de difícil cobertura. A partir de 2026, además, ampliará las unidades con derecho al complemento de continuidad asistencial, una medida de la que se beneficiarán más de 1.200 enfermeras de centros hospitalarios, así como técnicos auxiliares de enfermería y celadores. 

Una medida que resulta insuficiente. En Pinto, para intentar paliar la situación, el Gobierno ha anunciado que ofrecerá seis viviendas municipales para los nuevos profesionales que se trasladen al municipio. El Ejecutivo asegura que son muchos los médicos que ya se han interesado por la medida, que se llevará a cabo mediante contratos de comodato en los que se establecerá el periodo de cesión y la obligatoria devolución de los inmuebles una vez finalizado el mismo.

Ciempozuelos, por su parte, mantiene la presión sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El pasado 24 de junio, vecinos y representantes de la corporación municipal -a excepción de PP y Vox- acudieron hasta la Puerta del Sol para exigir un “centro de salud digno”. Allí leyeron las más de 700 reclamaciones presentadas por los vecinos para poner de relieve un problema que se traduce en más de 90 días de lista de espera y agendas de citación cerradas hasta septiembre. Por ello, el Ejecutivo ha anunciado que podría emprender la vía judicial si no hay cambios.