¿Buscas piso en Ciempozuelos?

No es fácil que lo encuentres y si lo logras, tampoco que puedas pagarlo. 

Se inician y construyen chalets en la calle Los Ángeles, o se anuncian desarrollos urbanísticos (Fábrega, La Barrera), pero ninguna de estas promociones, que son privadas, está centrada en la vivienda asequible o en alguna de las modalidades de protección (VPO, VPP, etc.).

El artículo 47 de nuestra constitución afirma que tenemos derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos tomarán medidas para que podamos ejercerlo e impedirán la especulación. Evidentemente, no se cumple.

La vivienda es, para la mayoría de nosotros, la puerta a un proyecto de vida. Tiene un valor de uso. Por el contrario, para quien posee o construye decenas, la vivienda constituye un negocio, tiene un valor de cambio, comercial. Un negocio que se basa en que el 95% de la sociedad, para poder desarrollar su proyecto de vida, debe antes pasar por la caja del propietario. En otras palabras, el ejercicio del derecho al uso del bien “casa” se supedita a la obligación del “cambio” previo por dinero.

El obstáculo para conseguir vivienda no lo pone quién posee dos o tres pisos en propiedad; su capacidad de influir en el precio resulta mínima. Igual que el agricultor tampoco es el responsable del importe de la lechuga en el lineal del super. Quienes marcan el precio son quienes manejan “el mercado”, los más grandes tenedores, no el pequeño propietario.

Las soluciones al problema vendrán de varios factores: topes a los alquileres, normas contra la especulación, freno a los pisos turísticos, más vivienda pública, etc. Ahora bien, todas estas medidas pasan por la política, los gobiernos y una intervención en el mercado que cambie la actual regulación que favorece el negocio por otra a favor del derecho de la mayoría a acceder a un hogar.

El empeño de la Comunidad de Madrid (responsable de la política de vivienda) por no aplicar la ley estatal en nuestra Comunidad, sobre todo, tras su fracasado Plan Vive, perjudica a la mayoría. Por ello, proponemos que rectifique y se sume a la aplicación de la norma estatal y establezca una protección permanente para la vivienda protegida y la vivienda pública.

Del mismo modo, defendemos que el Ayuntamiento y su equipo de gobierno (PSOE) hagan más y creen de manera urgente un observatorio y una agencia municipal de la vivienda.