
El Ejecutivo convocó el 5 de julio un pleno extraordinario para aprobar la nueva estructura de costes y revisión de precios del contrato.
El Gobierno ha dado nuevos pasos para llevar a cabo su propuesta de buscar una nueva empresa que se haga cargo de los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras y recuperar el servicio de mantenimiento de jardines y zonas verdes. Una iniciativa que cuenta con el visto bueno Partido Popular, Pinto Avanza y Vox, y el rechazo de PSOE, Más Madrid y Unidas Pinto-Podemos.
Fue el pasado 5 de julio cuando el Ejecutivo convocó un pleno extraordinario para aprobar la nueva estructura de costes y revisión de precios del contrato. Para el portavoz de Unidas Pinto-Podemos, Carlos Gutiérrez, la fecha elegida “nos hace evocar a la primera privatización de diciembre de 2023, parece que el asesino político quiere volver al lugar del crimen a hacer lo mismo”.
La bancada de izquierda puso el acento en las conclusiones de la memoria económica, que sólo apuesta por la municipalización de la jardinería, así como en las cifras del futuro contrato, que rondará los 100 millones de euros y prevé un beneficio industrial del 6% para la empresa adjudicataria. “¿Cuántos contratos dignos, plazas del campamento urbano o viviendas sociales se podrían haber hecho con ese dinero que quieren regalar a empresas privadas?”, planteó Elena Ancos, de Más Madrid.
El exalcalde y portavoz del PSOE, Diego Ortiz, señaló además que el expediente presentado había sido realizado por una persona en prácticas y que contenía errores, por lo que anunció que su partido pedirá la nulidad del proceso. El concejal de Contratación por el PP, Juan Guillermo Padilla, recalcó que todos los informes cuentan con el visto bueno de los técnicos municipales y afeó a la oposición el hecho de que “desde mayo cuentan con copia de todo y ahora tratan de embarrar el terreno de juego”.
También desde el Gobierno, el portavoz de Pinto Avanza, Fernando González, quiso poner el foco en que “estamos trabajando codo con codo con los sindicatos para firmar un convenio que será histórico y mejorará notablemente las condiciones laborales de los trabajadores”. Por su parte, Miguel Gutiérrez, líder de Vox, cargó contra los partidos de izquierda por criticar las conclusiones de un informe económico que ellos mismos encargaron a seis meses de que venciera el contrato, lo que obligó a su prórroga durante un año más.
Cerró el turno de intervenciones el alcalde, Salomón Aguado, que siguió criticando a parte de la oposición: “En estas ocasiones vemos cómo desde la bancada de la izquierda lo único que se hace sembrar duda, fango y bulos”. El regidor defendió la rigurosidad del proceso y anunció que “a partir de 2025 los servicios de limpieza van a cambiar sustancialmente”.
Cal y arena para la UTE
Días antes, el 27 de junio, también se dieron pasos para cerrar la relación entre el Ayuntamiento Pinto y la UTE Valoriza-Gestyona, actual encargada de la limpieza del municipio. Aunque tanto Gobierno como oposición coinciden en que los incumplimientos y discrepancias con la empresa obligarán a tomar la vía judicial, el Ejecutivo trató de aprobar varias modificaciones del contrato de limpieza de los espacios públicos, servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes.
La corporación, de nuevo con el rechazo de los tres partidos de izquierda, aprobó intercambiar por una cuantía económica de 146.542 euros la construcción de una nave que la empresa tenía que haber llevado a cabo por contrato. En cambio, quedó sobre la mesa para corregir los errores de forma detectados por el PSOE en la propuesta de actualización de las retribuciones de la UTE por el mantenimiento y riego del arbolado, uso de herbicidas y recogida del Punto Limpio y las papeleras inteligentes por no cubrir el coste real de la prestación del servicio.




















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