La apuesta por la seguridad

El pasado 27 de junio, una pelea entre vecinos de la ronda de las Comunidades acabó con la detención de un hombre como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca. La víctima fue una mujer que tuvo que ser asistida por los servicios de emergencia municipales y trasladada con pronóstico leve al Hospital Universitario Infanta Elena.

Los implicados eran dos okupas que residían en chalets aleñados y que se llevaban mal entre sí. El detenido es, además, una persona “muy conocida” y “especialmente conflictiva” que ya ha sido detenida en varias ocasiones, si bien de momento se desconoce el motivo que originó la disputa.

El problema de la okupación —que se contrajo a nivel nacional en 2023 con un 8,8% menos de casos respecto al año anterior y un total de 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles— no es nuevo en Valdemoro. Hace poco más de un mes, los vecinos del barrio de El Caracol salieron a la calle para pedir mayor protección a las autoridades e incluso consiguieron que un grupo de okupas que se disputaba una vivienda de la zona fuese desalojado. Sin embargo, dicen haber detectado de nuevo en las últimas semanas “movimientos sospechosos de personas extrañas en torno a viviendas del antiguo IVIMA”.

Los vecinos han pedido que el Ayuntamiento de Valdemoro instale cámaras de vigilancia en los ‘puntos calientes’ para disuadir posibles okupaciones y facilitar la intervención de las fuerzas de seguridad. Asimismo, consideran necesario que la Delegación del Gobierno refuerce la vigilancia en el municipio ante la previsible merma de efectivos de Policía Local en verano.

Lamentan sentirse “abandonados” por las autoridades y no descartan volver a manifestarse en la calle o en el pleno municipal “para garantizar su derecho a vivir en una ciudad sin sobresaltos ni redes de delincuentes campando a sus anchas”. Su petición cuenta con el respaldo de las autoridades locales, pero hasta el momento no se ha materializado en medidas concretas.

La sensación de creciente inseguridad no puede atribuirse exclusivamente al actual equipo de gobierno de Partido Popular y Vox. Tampoco a sus predecesores de Ciudadanos —a pesar de haber gobernado durante seis de los últimos diez años— o al breve tripartito de PSOE, Ganemos Valdemoro e Izquierda Unida. La merma de efectivos y recursos de la plantilla de Policía Local es fruto de años de restricciones presupuestarias por culpa de la deuda y de la gestión ineficiente  de los diferentes gobiernos, que no cubrieron en tiempo y forma las vacantes existentes.

Ahora, la responsabilidad, cómo no podría ser de otro modo, recae en el actual Gobierno municipal, que reconoce estar preocupado. Porque Valdemoro, más allá de los problemas puntuales de okupación, ha pasado a situarse entre las diez ciudades madrileñas en las que se comenten más delitos por habitante. Un dato en bruto que debe ser plenamente analizado para evitar un alarmismo innecesario, si bien refleja una evidente tendencia.

“Queremos que, en año y medio aproximadamente, se incorporen unos 20 policías”, cuenta el alcalde por el PP, David Conde, en la entrevista que ZIGZAG publica en el número de julio con motivo de su primer aniversario al frente del Ayuntamiento de Valdemoro. El regidor cree que “sin ser los números ideales, por lo menos corregirá un poquito esta carencia”, si bien también ha pedido un mayor compromiso con el municipio por parte de la Delegación del Gobierno. En sus manos está enderezar la situación.