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Mantienen sin empleo y sueldo a un funcionario de la cárcel de Valdemoro acusado de introducir droga

Laura Álvarez Gurrea Jueves, 21 de Abril de 2022 Tiempo de lectura:

Pese a que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro archivó la causa contra el trabajador por falta de pruebas, el Ministerio del Interior mantiene la suspensión de empleo y sueldo al trabajador.

Uno de los funcionarios acusados de introducir droga en la prisión de Valdemoro durante el estado de alarma continúa suspendido de empleo y sueldo desde hace un año. El Ministerio de Interior ha mantenido esta decisión pese a que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro archivó la causa por falta de pruebas el pasado 22 de marzo.

 

El trabajador fue detenido junto a otros tres funcionarios del Centro Penitenciario de Madrid III en junio del año pasado, después de que se comprobara que continuaba la circulación de estupefacientes en la prisión en un momento en el que las cárceles españolas estaban cerradas al exterior.

 

Estas circunstancias de aislamiento provocaron una carencia de droga en otras cárceles con el respectivo síndrome de abstinencia, que fue menor en el centro penitenciario madrileño, lo que disparó la sospecha de que el estupefaciente seguía entrando por otras vías. Los investigadores informaron de que incluso las sustancias se trataron de introducir con un dron que aterrizó en el patio del centro penitenciario.

 

Acusado de colaborar en la huida de “los piojos”

 

La Subsecretaría del Ministerio de Interior también señaló a dicho funcionario como colaborador en la huida de los hermanos Jonathan y Miguel Ángel Moñiz Alcaide de la prisión, conocidos como “los piojos”. Sin embargo, el Juzgado número 7 de Valdemoro también archivó esta causa al no registrar ingresos en las cuentas del trabajador penitenciario con los supuestos pagos recibidos por los hermanos Moñiz.

 

El trabajador lleva más de un año suspendido de sus funciones y de su sueldo pese a que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece un máximo de seis meses para la medida de suspensión provisional de funciones. El funcionario ha referido esta norma en sus recursos contra la Administración y la Justicia, que han resultado ser desestimados en ambos casos. Fuentes penitenciarias han comunicado al medio The Objetive que "el asunto está siendo gestionado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias", pero no llegan a determinar si se levantará la sanción al trabajador. 

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