
Con diecisiete abstenciones, el voto en contra de Más Madrid y cinco votos a favor del grupo Ciudadanos –que preside el equipo de Gobierno local– el proyecto del crematorio sigue adelante pese al rechazo manifestado por los vecinos.
Los más de ocho años de “no al crematorio” en las calles de Valdemoro se han traducido en un “sí” en el pleno ordinario de febrero, celebrado esta mañana de manera telemática. Con diecisiete abstenciones, el voto en contra de Más Madrid y cinco votos a favor de Ciudadanos – que preside el Ejecutivo local – el proyecto continúa adelante pese al manifestado descontento de los valdemoreños.
En este último pleno se ha debatido si acatar o no la sentencia que obliga a aprobar el proyecto y ejecutar las obras para la construcción del crematorio. Un debate del que Vox ha preferido ausentarse, tal y como ha señalado Inés Martín, portavoz del grupo político en el Ayuntamiento del municipio: “El equipo de Gobierno ha traído este asunto al pleno y nosotros estamos en contra de que se pretenda repartir la responsabilidad entre todos los miembros del pleno. Entendemos que las sentencias no se votan, se cumplen”, ha dicho pocos minutos antes de desconectar su cámara y salir de la sesión, algo que han repetido sus compañeros de partido.
El “sí” del partido naranja no ha sorprendido a nadie, ya que desde 2020 apuntan que “revertir el contrato supondría varios millones de euros para las arcas municipales”. Por su parte, el edil de Más Madrid, Javier Carrillo, ha sido el único en votar en contra de este punto del orden del día: “Esta propuesta incluye la construcción de una instalación contaminante a escasos metros de colegios e instalaciones deportivas y está basada en un informe elaborado por una técnico imputada en la Púnica”. Además, el portavoz ha considerado que el primer edil debería haber presentado una revisión de oficio – que podría desestimar o modificar la sentencia que obliga a ejecutar las obras del crematorio.
Los grupos PSOE y PP han compartido línea argumental y se han abstenido en la votación. “No vamos a posicionarnos en contra de una sentencia judicial”, ha expresado David Conde, portavoz de los populares. Los socialistas han afirmado que están en contra de la construcción del crematorio “desde el primer día” y que continuarán luchando para paralizar su construcción por otras vías: “Las sentencias hay que cumplirlas, luego se podrá batallear por la vía administrativa o jurídica. Pero ningún concejal del PSOE se va a enfrentar ni a una multa ni a una prevaricación judicial”.
Faraldos también ha apoyado la solicitud de una revisión de oficio de la sentencia, algo que Parra ha justificado como "el siguiente paso a realizar" en una reunión con los miembros del pleno y los técnicos encargados del proyecto.
La plataforma contra el crematorio pide ayuda para asumir los costes legales
“Con la ayuda de todos lo vamos a parar. Podéis colaborar con los costes legales de las acciones que vamos a emprender con una aportación económica”, ha escrito la agrupación vecinal en contra del crematorio en sus redes sociales. “Pedimos al alcalde hacer una revisión de oficio de este contrato, que paralizaría su aprobación”, añaden, acusando a Parra de “escudarse” en una sentencia para dar luz verde a las obras del crematorio. “Dice que tiene que resolverlo, eso no significa que haya que poner el crematorio porque sí, el alcalde puede decidir echarlo para atrás, que es lo que estamos pidiendo”, explica Azucena Villalba, portavoz de esta plataforma de vecinos.
Las voces de los valdemoreños ya han llegado hasta la Asamblea de Madrid, en la que el grupo Unidas Podemos se hizo eco de las denuncias de colectivos y asociaciones vecinales. “El contrato va en contra de todas las leyes de transparencia de la Comunidad de Madrid”, sentenciaba Carolina Alonso, su portavoz. Los vecinos también pusieron en marcha la semana pasada una campaña para enviar sus quejas de forma masiva ante el Defensor del Pueblo, pidiendo la revisión del expediente y la paralización del proyecto.
Un contrato salpicado por la Púnica
La construcción del crematorio se anunció en 2014, con el Partido Popular a cargo del Gobierno Municipal. La jefa de los servicios de Urbanismo durante esta legislatura y que emitió un informe técnico favorable a la construcción del incinerador, Montserrat Pacheco, ahora está imputada en la trama Púnica por ocultar pruebas clave en la investigación. Un motivo que se suma a la lista de irregularidades que vecinos y grupos políticos denuncian con respecto al crematorio.

















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