
Frente a lo manifestado a los grupos de la oposición desde agosto, el Gobierno niega “que vaya a producirse una alteración en las competencias”.
Días después de la tormenta política surgida en Pinto ante la retirada de las competencias en emergencias no sanitarias y extinción de incendios a PIMER-Protección Civil horas antes de que se iniciase la borrasca ‘Bárbara’, el Gobierno se ha pronunciado a través de una nota de prensa. El PSOE explica que se trata de una decisión temporal y que detrás de ella “no hay ninguna intención oscura o torticera”.
El Ejecutivo ordenó pesar los dos vehículos no sanitarios del cuerpo ante la “preocupación” que le transmitieron “diferentes trabajadores” por su exceso de peso. A pesar de que los vehículos habían superado la ITV en agosto, el Gobierno afirma que también “es necesario comprobar los daños en frenos, suspensiones y daños estructurales en carrocería”. Y aunque “son muchos años actuando con un peso superior al autorizado” y es una situación “conocida por todos los grupos políticos, dado que lleva años encima de la mesa esperando una solución”, la revisión no se llevó a cabo hasta este mismo mes.
Los vehículos fueron inmovilizados el 8 de octubre, pero la instrucción expresa del concejal de Seguridad, Alejandro Robles, de no usar los vehículos y suspender las funciones relacionadas con los mismos no se produjo hasta el día 20. El PSOE afirma que la solución para su restablecimiento “no es tan inmediata porque hay que evaluar si el material que llevan en los vehículos es prescindible o no”. En cambio, el sindicato EPS, al igual que los partidos de la oposición, insiste en que había propuestas para “subsanar inmediatamente las incidencias”.
El Gobierno garantiza que “bajo ningún concepto” se va producir “una alteración en las competencias” o “que vaya a cerrarse” PIMER-Protección Civil. Alejandro Robles, que sigue sin atender las preguntas de los medios de comunicación, ha declarado en el comunicado que “estamos trabajando para solucionar a la mayor brevedad posible la cuestión del pesaje y que el servicio pueda restituirse lo antes posible”. El edil ha defendido además que la labor del cuerpo “es encomiable y no pretendemos prescindir de su servicio”.
El relato, sin embargo, difiere del que han ofrecido PP, Unidas Pinto, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito Fernando Oliver. La oposición afirma que en agosto el propio alcalde, Diego Ortiz, dio a conocer diversos problemas internos en PIMER y puso encima de la mesa que el servicio debería tener exclusivamente competencias sanitarias. Ha sido una de las reivindicaciones del sindicato mayoritario de Bomberos, que precisamente el pasado mes de noviembre agradeció al nuevo gobierno socialista “el cambio de talante de la nueva corporación y la disposición al concilio”.
El comunicado del Ejecutivo ha sido acogido con sorpresa e indignación por parte del resto de partidos, que pedirán responsabilidades en el próximo pleno. El sindicato EPS, por su parte, ha solicitado una reunión urgente con el concejal de Seguridad ante su preocupación por la estabilidad del servicio y “dado que, como miembros del Comité de Empresa, no tenemos ninguna información oficial”.
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