Dos años de lucha de ancianos y discapacitados para conseguir una licencia de ascensor

Después de dos años de lucha, los vecinos del inmueble número 13 de la calle Parque Éboli han conseguido que el Ayuntamiento de Pinto les dé la licencia de obra para instalar un ascensor en su vetusto edificio de cuatro plantas. La mayoría de estos vecinos son ancianos y discapacitados impedidos para utilizar las escaleras del inmueble, por lo que no pueden salir a la calle por sus propios medios.

“Estoy hecho una calamidad, lo único que deseamos con todas nuestras fuerzas es que un día tengamos el ascensor”, suplica el octogenario Eloy. “No puedo subir las escaleras, a veces me paso una semana sin salir a la calle”, comenta Felicidad. “Vivo en el cuarto, que es un quinto, y para subir con la compra tengo que ir a rastras”, añade Nieves. Y así una historia tras otra de personas muy mayores y con graves problemas de movilidad y salud (silla de ruedas, marcapasos, prótesis de cadera…). 

Para paliar sus problemas de movilidad, los vecinos deciden echar mano de sus escasos recursos y afrontar el gasto de 100.000 € para instalar un ascensor en su edificio. Así, el 20 de julio de 2018 piden la correspondiente licencia de obra al Ayuntamiento. Es entonces cuando comienza una carrera de obstáculos legales protagonizada por los técnicos municipales Patricia Mascías (licencias) y José Gregorio (arquitecto), con la complicidad negligente del gobierno local. Una pesadilla para los mayores que durará dos años.  

Mientras los gobiernos de Ganemos Pinto y luego del PSOE se escudaban en que para aprobar la licencia primero había que aprobar una ordenanza municipal que lo permitiese, la Ley 8/2013 de rehabilitación urbana “obliga” a “ejecutar las obras que resulten necesarias para satisfacer los requisitos básicos de accesibilidad universal” y dio de plazo desde junio de 2013 hasta diciembre de 2017 para que la legislación nacional y local (ordenanzas de ascensores) se adecuasen a esta Ley. Es decir, la administración local de Pinto no hizo su trabajo de adecuación de su ordenanza a la nueva Ley causando un perjuicio grave a los vecinos con problemas de movilidad.

Cuando estaba en la oposición el hoy alcalde Diego Ortiz, recriminó al gobierno de Ganemos Pinto. “No entendemos la falta de sensibilidad que ha tenido Ganemos en este asunto y por qué no lo ha solucionado, cuando la ley obliga a la accesibilidad universal (…) Cambiar la ordenanza y adecuarla a la ley, puede hacerse en un mes. El gobierno no tiene justificación”, declaró entonces. Sin embargo, una vez en el gobierno pasó más de un año, denuncias de amparo ante el Defensor del Pueblo y hasta una manifestación de los ancianos ante las puertas del ayuntamiento antes de firmar una licencia que podría haberse concedido por Decreto de Alcaldía, dada la justicia y urgencia del caso.     

La nueva ordenanza municipal fue aprobada definitivamente por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno extraordinario del 13 de marzo pasado y publicada en el BOCM el 29 de abril. 

La licencia solicitada dos años antes para iniciar las obras en el inmueble nº 13 de Parque Éboli no fue aprobada hasta el pasado mes de agosto. Las obras del tan ansiado ascensor para los vecinos comenzarán por fin este mismo mes de septiembre y está previsto que acaben en seis meses. 

Para conseguir un derecho reconocido legalmente los ancianos han tenido que batallar durante dos años contra una administración indolente que supuestamente está para dar servicios a los ciudadanos, pero que en este caso (y en otros muchos) ha sido un obstáculo. “Durante este tiempo nos hemos sentido engañados, despreciados y maltratados por el Ayuntamiento”, señalan los vecinos. Además, el presupuesto inicial de 100.000 € de hace dos años para construir el ascensor “se nos ha incrementado ahora en 30.000 €”, añaden. 

¿Quiénes son los responsables de tanto dolor, tanto daño y tanto perjuicio innecesarios?