Fue el PSOE el que el 17 de junio del año pasado, en su primer día ordinario de gobierno, procedió a asegurar los equipos.
En mayo de 2018 comenzó lo que se conoció como el ‘Caso del Chivatazo’. El entonces gobierno de Ganemos Pinto –hoy Unidas Pinto- intentó utilizar una información anónima para rescindir el contrato de limpieza con la empresa concesionaria, Valoriza-Gestyona. La UTE denunció los hechos y despidió a una trabajadora a la que hizo responsable de la filtración y supuesta relevación de secretos.
El caso supuso la imputación del exalcalde, Rafael Sánchez, y los exconcejales Consoli Astasio y Raúl Sánchez, así como de otros trabajadores municipales. La jueza encargada del caso pidió en mayo de 2019 dentro de las diligencias previas que el Ayuntamiento de Pinto requisase y asegurase los equipos informáticos de los investigados por si fuese necesario revisarlos.
Aunque no se conocen novedades sobre el caso ZIGZAG ha podido saber que Ganemos Pinto nunca aseguró los ordenadores. Sí tuvo tiempo en cambio de incorporar en Aserpinto a la trabajadora despedida, aunque fuese en su último día de mandato antes de la llegada del PSOE. Fue precisamente el ejecutivo socialista el que el 17 de junio del año pasado, en su primer día ordinario de gobierno, procedió al requisado de los equipos.
A pesar de ello, el 28 de febrero de 2020 la jueza pidió por segunda vez al Ayuntamiento que requisase los ordenadores “haciéndole los legales apercibimientos en caso de desoír la presente”. Fuentes municipales insisten en que los aparatos “están bajo custodia y sin uso” para ser entregados al Juzgado de Parla en el momento que los solicite.


















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