Al menos 42 okupaciones en viviendas de Ciempozuelos en lo que va de año

Los cuerpos de seguridad de Ciempozuelos han intervenido al menos 42 okupaciones ilegales en lo que va de año, según los datos proporcionados por la Policía Local y la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Ciempozuelos. En concreto, en los tres primeros meses de 2019 se registraron 15 okupaciones, 17 en el segundo trimestre del año, cinco en los meses de julio a septiembre y otras cuatro en lo que resta del año en el mismo edifico, en la calle Navarra. Estas cifras no incluyen las actuaciones en esta materia por parte de la Guardia Civil, por lo que el probablemente el número de okupaciones aumentaría. 

La última okupación registrada por la policía fue el número 2 de la calle Navarra, un edificio construido hace diez años al que sus verdaderos propietarios nunca pudieron acceder por problemas administrativos. Todo el bloque está hoy ocupado ilegalmente. Los nuevos ‘inquilinos’ reconocieron a la prensa que habían pagado 1.500 euros a una persona para poder acceder al piso. El inmueble tenía verjas en las ventanas y puertas anti ocupación, pero eso no paró a las mafias para invadir el edificio. “Arrancaron las verjas de acero de las ventanas”, cuentan los vecinos. 

Otras zonas y calles conflictivas en donde más ha aumentado la ocupación ilegal de Ciempozuelos son la Plaza del Arte -viviendas sociales de titularidad regional y municipal-, calle Caretos, pasaje del Cino, la Travesía del Consuelo -con un bloque de edificios okupado entero-, las calles de las Estrellas -donde se han asaltado chalets a sin estrenar-, José María Benito Serra -donde está situado el edificio okupa La Esperanza- o el Parque Olimpia. 

Incidentes

La convivencia entre los vecinos propietarios de los inmuebles y los okupas es conflictiva. Al mes se producen reiteradas llamadas a los cuerpos de seguridad de Ciempozuelos por ruidos en las viviendas o peleas. El incidente más reciente fue el del edificio de la calle Navarra, donde hubo varios altercados. Pero también, en la calle Caretos los agentes tuvieron que desplazarse hasta las viviendas okupadas por la quema de pisos y se suceden las denuncias entre propietarios y okupas por amenazas, ruidos, destrozos... Además, la mayoría de los inmuebles okupados no abonan los gastos que se generan en las comunidades de propietarios y tienen enganches ilegales a la luz, gas y agua, que se suministran de manera fraudulenta. En ocasiones, incluso, generando riesgos, como en las viviendas de la travesía de la Soledad, donde los vecinos tuvieron que avisar a la policía por una fuga de gas en un enganche ilegal. 

Al mismo tiempo, algunos de los vecinos que conviven con los okupas denuncian que en las viviendas se producen otro tipo de actividades ilegales: “drogas y trapicheos”. La sensación de inseguridad que ha generado el aumento de okupaciones en Ciempozuelos ha hecho que empresas como Mercadona hayan contratado seguridad para controlar el acceso a su supermercado en el municipio. 

Situaciones de emergencia

Según datos de la Comunidad de Madrid, son casi 5.000 las viviendas de la región que actualmente están habitadas por ciudadanos a los que no les corresponde ese piso. El perfil de okupa está formado por familias o personas en situación de vulnerabilidad -en Ciempozuelos son especialmente críticos casos como el de una mujer con personas mayores a su cargo y madre de un menor con discapacidad-, pero los datos recogidos por el gobierno regional también avisan del incremento de volumen de okupaciones de mafias que comercializan con los pisos, inmuebles que se utilizan para vender drogas u okupaciones por motivos ideológicos. 

De las casi 5.000 viviendas okupadas en la región, 2.890 están en Madrid y 1.518 en grandes municipios en los que tiene competencia el Cuerpo Nacional de Policía (como Móstoles o Fuenlabrada). En el ámbito de actuación de la Guardia Civil, existen 245 viviendas ocupadas ilegalmente. 

Al contrario que otras comunidades autónomas, Madrid carece de una Ley de Vivienda que especifique claramente el porcentaje de terreno que se tiene que dejar para vivienda social en las zonas de desarrollo urbano. En Madrid hay 3.400 familias en situación de vulnerabilidad elevada que están a la espera de tener un lugar digno para vivir. “En esos casos fallan las instituciones porque a esas familias no se les da una salida habitacional, empujándoles a que okupen”, explican fuentes municipales del Ayuntamiento de Ciempozuelos. 

Desde el Gobierno declaran que “existe el compromiso de ayudar a buscar y proporcionar una alternativa habitacional a aquellos que realmente lo necesiten”, algo que “no es incompatible con garantizar la convivencia y la tranquilidad de los vecinos y propietarios de viviendas en el municipio”.

Injusticia 

“No es un perfil único de gente que necesite la ayuda de Servicios Sociales. Es gente que tiene una jeta que no puede con ella. No ocupan solo pisos de bancos sino de familias”, dicen algunos afectados. Los vecinos han llegado incluso a denunciar que personas con viviendas sociales asignadas han llegado a poner en alquiler su piso social y ocupar ilegalmente otro. 

Tanto políticos como ciudadanos opinan que el repunte de okupas que ha tenido Ciempozuelos en los últimos años se debe a la “tolerancia” que mostró el Ayuntamiento ante las ocupaciones ilegales durante el gobierno de Ahora Ciempozuelos –“no podemos decir que los okupas sean delincuentes. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda”, se reafirmaba la confluencia durante el último Pleno en el que fue debatido el preocupante aumento de la okupación en el municipio-.

“En los últimos años se ha corrido la voz de que en Ciempozuelos es muy fácil okupar, que no hay apenas vigilancia ¡Si hasta la alcaldesa tiene okupas en el adosado que pega con su casa!”, se quejan los vecinos. Ahora, exigen un mayor control de los edificios que pueden ser okupados y más seguridad. 

La usurpación de pisos vacíos en manos de bancos e inmobiliarias se ha convertido en un negocio muy lucrativo para las mafias organizadas, dedicadas a okupar viviendas para luego revenderlas a particulares, entre ellos, personas sin recursos. “En Madrid se sabe que un sitio de okupación fácil es Ciempozuelos”, conceden fuentes municipales. 

A la exigencia ciudadana de mayor control por parte de los cuerpos de seguridad locales se le une la indignación ante la posición de los bancos. “Los bancos no hacen nada por echar al os okupas-Pero además fomentan la okupación publicando en plataformas inmobiliarias la venta de pisos vacíos y se benefician con acciones ilegales como vender pisos okupados”. 

Para luchar contra las mafias, el Ayuntamiento creó en octubre de este año una comisión técnica centrada en luchar contra la ocupación ilegal, desde donde, entre otras medidas, se está trabajando en realizar un censo de viviendas vacías donde se reforzará la vigilancia policial para evitar la entrada de okupas. 

¿Impotencia?

La inseguridad de las leyes ante la okupación promueve la justicia vecinal. Casos como el del pasado mes en Bilbao -cuando los okupas se vieron obligados a llamar a la Ertzanza para pedir protección y que les desalojaran después de que cientos de vecinos se concentraran durante horas frente a la casa, propiedad de una vecina de 94 años- evidencian la laxitud de los procesos judiciales, que se pueden demorar meses, y que, en algunos casos, la injusticia se vence con indignación y no con leyes. 

Falta información

Las cifras sobre okupación en los municipios son toda una incógnita. Para realizar este reportaje Zigzag ha solicitado a la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Ciempozuelos datos sobre el nivel de okupación en Ciempozuelos, el número de altercados violentos registrados en el último año, cantidad de desalojos de viviendas ilegalmente ocupadas o cifras sobre la evolución de la okupación den el municipio en los últimos años. Sin embargo, este medio no ha recibido respuesta. El reportaje está elaborado a través de las historias de los propios vecinos, afectados por la incidencia de la okupación en sus vidas y testimonios de empleados públicos.