Políticos, sueldos, dietas

Por primera vez en Pinto, el gobierno saliente de unas elecciones no llevó al primer pleno de la legislatura la propuesta del gasto que pretende destinar a órganos de gobierno, oposición y funcionarios de empleo (concejales liberados, dietas y cargos de confianza). Una decisión siempre polémica por la demagogia que todos los partidos sin excepción han practicado siempre, según estuviesen en el gobierno o en la oposición, para erosionar a sus contrarios.

Un mes después de constituirse la nueva corporación pinteña, sus miembros aún no saben el importe de sus dietas o salarios. Algo que no sería de recibo para cualquier otro trabajador del Ayuntamiento, se pretende hacer pasar como ‘normal’ en política.

Es cierto que los políticos tienen pánico a publicitar una subida de sueldos por el rechazo generalizado que suscita en la ciudadanía. Lo que, salvo casos de abusos, no deja de ser una contradicción puesto que alcaldes y concejales suelen cobrar menos que los funcionarios directivos municipales y suelen trabajar mucho más que éstos, por no hablar de la disponibilidad de un alcalde o concejal, que suele ser total.

En el Ayuntamiento de Pinto, actualmente hay tres funcionarios con un sueldo anual superior a 90.000 euros y casi cincuenta personas que cobran más de 50.000 euros al año. Muchos de estos trabajadores se merecen esos sueldos por la labor que desempeñan, lo que es aceptado por la generalidad de los ciudadanos, pero si ese sueldo lo cobra un concejal entonces ya es harina de otro costal.  ¿Por qué? pues porque hay sensación –no pocas veces confirmada por los hechos–  de que el político es incompetente, sectario y trincón en el desempeño de sus funciones. Y, desde este punto de vista, cualquier sueldo que se ponga le parecerá a los que así piensan un exceso.

Un caso elocuente es el sueldo que tuvo la alcaldesa y otros tres concejales liberados de Ciempozuelos en la legislatura pasada. Chus Alonso cobraba 27.241 euros brutos al año (unos 22.000 € netos), el sueldo más bajo de todos los alcaldes de los municipios de la Comunidad de Madrid mayores de 20.000 habitantes, y sus tres concejales liberados cobraban 24.400 € brutos (unos 20.000 € netos). El sueldo de Alonso se situaba en la media de los sueldos de su propio ayuntamiento y el de los tres concejales por debajo de la media, aunque la dedicación de todos ellos era muy superior a las 35 horas semanales de los trabajadores municipales. Sin embargo, no pocos ciudadanos criticaron a través de las redes sociales “los sueldazos” de esta alcaldesa y de sus tres concejales…

En contra de la opinión que parece popularmente dominante en este asunto de sueldos de políticos, yo sostengo que los ediles locales de nuestro entorno no cobran una cantidad excesiva ni mucho menos si lo comparamos con profesionales de similar responsabilidad en la empresa pública o privada o de sus mismos ayuntamientos. Con esto no quiero decir que no haya habido abusos –al fin y al cabo son ellos mismos los que deciden lo que han de cobrar– y excesos. Los hubo, pero no tanto en cantidad como en calidad. Me explico, creo que a los alcaldes/esas y a los concejales/as les debemos juzgar por los resultados de su gestión. Tener políticos competentes y trabajadores es un multiplicador de beneficios y prosperidad para un municipio, por eso desde este punto de vista el sueldo de estos políticos siempre será  –dentro de unos parámetros razonables, pongamos para un municipio de más de 50.000 habitantes como Pinto, una horquilla entre 50.000 y 70.000 euros– un pago justo y necesario por sus servicios.

De la misma manera, aunque un alcalde/esa o un concejal/a cobren anualmente 15.000 euros, si son unos inútiles, ese sueldo es un despilfarro. Y esta me parece la vara de medir justa sobre esta cuestión.

Sé que es dudoso que  la capacidad, experiencia y  formación de muchos de nuestros alcaldes y concejales –y no digamos de  miríadas de políticos en el Senado, en el Congreso, en las Diputaciones provinciales, en las empresas públicas…– sean las más adecuadas para desempeñar las importantes funciones que tienen encomendadas. En este sentido es elocuente la propuesta de Unidas Pinto en el último Pleno: que a las comisiones municipales vayan dos concejales del mismo grupo para  “facilitar la participación de los concejales sin experiencia, ya que podrían ser acompañados por un compañero conocedor del funcionamiento de las comisiones”. Un reconocimiento explícito  de la inadecuación entre la responsabilidad que debe desempeñar un concejal y su preparación y formación para ese cometido.

Podríamos multiplicar los dimes y diretes, los pros y contras, pero la realidad es que alguien tiene que gobernar y que esa importantísima función exige una dedicación plena y, por tanto, un salario consecuente. Por ello no se comprende que el gobierno pinteño, casi dos meses después de las elecciones, aún no haya explicado su propuesta de salarios, dietas y cargos de libre designación.

Decía Mozart, “si el emperador me quiere, que me pague, pues sólo el honor de estar con él no me alcanza”. Mozart amaba la música, de la misma manera que nuestros ediles tienen voluntad de servicio público, pero todos tienen necesidades económicas que cubrir. No hay razón para demorar dos meses una decisión que debería ser planteada desde el mismo momento en que se empieza a gobernar. Stultum est timere quod vitare non potes (“Es tonto temer lo que no se puede evitar”).