El Tribunal Supremo consideró que se habían realizado “sentencias contradictorias” de los acusados al no haberlos juzgados al mismo tiempo.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha comenzado un nuevo juicio a los cinco presuntos yihadistas detenidos en Pinto y Ciempozuelos en 2016, a los que se acusaba de captar y adoctrinar a nuevos miembros para la causa. Aunque tres de ellos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar las penas que les solicitaban, el Tribunal Supremo dio la razón a los dos supuestos cabecillas al considerar que se habían emitido “sentencias contradictorias” al no haber juzgado a todos los acusados en la misma vista.
Además de las acusaciones de planear un atentado, prohibir donar sangre a los miembros de la mezquita de Pinto y utilizar las instalaciones para realizar entrenamientos físicos, se han aportado nuevos datos. Según el fiscal el grupo también habría controlado la mezquita de Ciempozuelos, sobre la que controlaban la adquisición de fondos.
El Ministerio Público acusa al supuesto líder, Aziz Zaghanane, y a otro miembro de colaboración con organización terrorista. A la mujer del cabecilla, Ana Marilú Reyna Castillo, se le atribuyen delitos de enaltecimiento, y a los otros dos componentes presunto autodoctrinamiento.
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