La Justicia da la razón al último de los cinco ancianos a los que Ganemos Pinto intentó retirar sus ayudas residenciales

Los juzgados han dado la puntilla definitiva al intento de ‘desahucio’ por parte de Ganemos Pinto a cinco ancianos de la residencia municipal Dolores Soria, gestionada desde 2013 por Mensajeros de la paz. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº28 de Madrid ha dado la razón a G.F.G., de 91 años de edad, que denunció al Ayuntamiento y a la gestora de la residencia por tratar de extinguir el acuerdo de 2004 que le garantizaba una plaza subvencionada en el centro de por vida.

El magistrado Ángel Ardura ha dejado sin efecto la Junta de Gobierno Local en la que el Gobierno determinó que “a partir del mes de enero de 2016 el Ayuntamiento de Pinto no abonará ninguna cantidad en concepto de plaza residencial” a estos ancianos. La Justicia considera que “no es conforme a Derecho” porque, entre otras cuestiones, se omitió el trámite de audiencia de la interesada, hasta el punto de que la afectada “ni siquiera tenía conocimiento del acto administrativo con carácter previo a que surtiera efecto”.

En su defensa, el Gobierno alegó que la demandante rechazó el acuerdo alcanzado con Mensajeros de la paz para que los ancianos siguiesen en la residencia y que, según Ganemos, “recoge exactamente […] lo solicitado en la propia demanda”. Ciertamente G.F.G. nunca aceptó la propuesta del Ejecutivo porque sólo se extendería durante la permanencia de la ONG como gestora del centro. El magistrado dice tener en cuenta el intento conciliador del Ejecutivo pero reconoce el derecho de la anciana a que se le garantice “ese abono de forma vitalicia, sin perjuicio del plazo de duración de la concesión administrativa”.

La sentencia, con fecha de 5 de junio, no establece la imposición de las costas procesales y ya es firme después de que el Ayuntamiento rehusase presentar recurso de apelación alguno.

Antecedentes | Con este fallo se cierra el polémico intento de ‘desahucio’ de Ganemos, que comenzó con una fría carta enviada un 30 de diciembre y que se solucionó gracias a las aportaciones de la Oposición. El Ayuntamiento utilizó las plazas de día municipales de la residencia para seguir dando cobijo a los usuarios y Mensajeros de la paz accedió a asumir la parte proporcional de la estancia nocturna.

Pero tan sólo un mes después la Justicia paralizó de forma cautelar el fin de las prestaciones al entender que la actuación del Gobierno tenía “efectos perjudiciales […] en relación a la salud y situación de dependencia” de los afectados. Un año después llegó la primera sentencia en la que se anulaba aquella Junta de Gobierno Local al entender que se había producido “una situación de indefensión material y efectiva, y no meramente teórica o formal” por omitir el trámite de audiencia de la demandante.

El Gobierno aseguró que volvería a repetir el proceso para dejar sin efecto las prestaciones económicas, pero finalmente nunca llegó a hacerlo. “¿Qué nos equivocamos? A nosotros el asesoramiento técnico nos dijo que había que enviar esa carta”, se defendía recientemente la concejala de Servicios Sociales, Tania Espada, en una entrevista en Zigzag. Y es que mientras que desde Ganemos Pinto siempre se han hecho eco de los informes municipales que señalaban la falta de competencia municipal en materia residencial, la Oposición siempre ha estado en contra.

Pero más allá de principios tan básicos como el de la irretroactividad de la legislación española, el resto de partidos han pedido por activa y por pasiva al Ejecutivo terminar con un proceso que “podía poner en riesgo la vida y la salud de personas vulnerables”. De hecho, de aquellos cinco ancianos afectados G.F.G. es la única que queda con vida.