La Justicia paraliza de forma cautelar el fin de las prestaciones a cuatro ancianos de Pinto

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha admitido las medidas cautelares solicitadas por uno de los cuatro ancianos de la residencia Dolores Soria de Pinto a los que el Gobierno retiró las ayudas sociales que recibían desde hace más de diez años a instancias de la inverterventora municipal. El magistrado considera que la actuación recurrida tiene “efectos perjudiciales […] en relación a la salud y situación de dependencia” de los afectados, por lo que ha suspendido el acuerdo tomado en la Junta de Gobierno Local del pasado 30 de diciembre.

Según ha puntualizado el alcalde Rafael Sánchez, el dictamen no tendrá ningún efecto en la práctica ya que “no se iba a desahuciar a ninguno de estos ancianos”. El edil ha querido recordar que esta misma petición fue rechazada por otro demandante al haberse presentado casi tres meses después de aquella Junta. Desde el Ayuntamiento de Pinto han asegurado que “simplemente se ha tratado de cumplir la ley y buscar un acuerdo positivo para las partes”, aunque acatará cualquier resolución judicial.

“Su incompetencia en la gestión y la incapacidad de rectificar sus errores han obligado a las familias a recurrir a los tribunales de justicia que rápidamente les han dado la razón –ha achacado el PP a Ganemos-. Mientras que Podemos exige en la Comunidad de Madrid una Ley para la defensa de las personas mayores, el Gobierno municipal en Pinto desahucia a unos ancianos y les quita las ayudas sociales”.

Una vez lanzadas estas acusaciones el Consistorio ha emitido una nota de prensa en la que Rafael Sánchez ha señalado que “jamás deberían utilizarse casos como éste de forma partidista, y menos aun cuando se había encontrado una solución que no alteraba la situación en la que se encontraban las personas involucradas antes del 1 de enero de 2016”. Un acuerdo que “también satisfacía al Partido Popular aunque fue incapaz de encontrarlo mientras gobernó”.

La solución a la supuesta falta de competencias para suministrar estas ayudas pasó por utilizar las plazas de día que el Ayuntamiento tiene concertadas con Mensajeros de la Paz, empresa encargada de la gestión durante de la residencia Dolores Soria durante los próximos 25 años. Por su parte, la organización aceptó asumir la estancia nocturna de los cuatro ancianos sin coste adicional para los mismos.

El problema para dos de estos cuatro residentes, los que procedían de la extinta residencia municipal, es que el acuerdo no está garantizado de por vida tal y como sí se les prometió cuando decidieron renunciar a su plaza de la Comunidad de Madrid. Ahora será la Justicia la que determine si el fin de la prestación de estas ayudas económicas, a instancias de la interventora y contra la opinión de toda la oposición, está ajustada a derecho.