El alcalde de Pinto se reúne con los afectados de la urbanización Cristina Sur

Una veintena de compradores de la urbanización Cristina Sur se reunieron ayer por la tarde con el alcalde de Pinto, Rafael Sánchez, en busca del apoyo del Consistorio. “Estamos en un sinvivir, es el dinero de toda nuestra vida”, explicaba uno de los afectados. El retraso en casi un año en la entrega de las viviendas ocasionó todo tipo de trastornos, por lo que muchas familias decidieron acogerse a una de las cláusulas del contrato y renunciar a la compra de las mismas.

La promotora de la obra se negó a devolver las entradas depositadas inicialmente al considerar que la causa del retraso se debió a una causa mayor, un incendio, extremo que la Justicia ha desestimado recientemente en primera instancia. Aunque la sentencia ha sido recurrida, las 28 familias a las que se les dio la razón temen que el promotor de la urbanización Santiago Lahoz esté intentando retrasar el proceso y “desaparecer” para no afrontar el pago de más de un millón de euros que se le reclama.

El abogado de estas familias, Juan Luis Ontiberos, ve dos indicios de este comportamiento. Por un lado que la promotora no ha consignado la cantidad demandada para evitar que sigan aumentando los intereses de demora, y por el otro que la promotora Prola, condenada junto a Cristina Sur Promociones, ha cerrado tanto su oficina en Pinto como su página web. “Me consta que siguen vendiendo pisos -advirtió el alcalde Rafael Sánchez-. Me da mucho miedo que esto se pierda en un entramado de sociedades”.

El primer edil quiso mostrar su apoyo total a los afectados, a pesar de que “políticamente no se puede hacer demasiado”. Sánchez se ha comprometido a contactar para hacer presión desde el Ayuntamiento de Pinto tanto con el promotor Santiago Lahoz como con La Caixa, banco en el que las familias depositaron la entrada de los pisos. De hecho el magistrado Ontiberos no descarta actuar contra la entidad por no contar con avales para asegurar las cantidades entregadas: “Desde los últimos años la jurisprudencia está muy dirigida a proteger al comprador”, comentó optimista.

Sin embargo las familias temen que les quede un largo camino por recorrer hasta recuperar su inversión, “unos 30.000 € para arriba” de media. Junto a ellas se encontraba ayer Luis Cruz, que fue uno de los encargados de hacer público el caso en 2014 tras no concedérsele la hipoteca de la vivienda por haber cambiado su situación familiar durante el retraso en la entrega. Ahora otros diez compradores como él han recurrido a los tribunales para recuperar su inversión.