En noviembre y durante la inauguración del parque Doctor Alejandro Vallejo Hierro, la alcaldesa Miriam Rabaneda hacía frente a los rumores sobre la propuesta de una empresa privada de crear y gestionar una segunda piscina en Pinto: "Se ha pedido una prórroga de tres meses para estudiar la iniciativa".
El plazo ya se ha cumplido, y de momento no hay una decisión tomada. La concejala de Contratación, Tamara Rabaneda, ha confirmado a este medio que los técnicos siguen estudiando la propuesta a todos los niveles. "En este sentido, las razones y cuestiones planteadas por la oposición han sido contestadas en comisión de gestión, dando la información en curso que en cada momento teníamos disponible sobre esta propuesta", ha querido aclarar.
La semana pasada, UGT Aserpinto hacía pública la documentación presentada en el Ayuntamiento en la que se posicionan en contra de la "privatización" de las dos piscinas. Según la información "que se encuentra en nuestro poder obrante del Departamento Jurídico de UGT y de los Juzgados de lo Social de Móstoles", aseguran, la empresa no estaría al corriente de pago en otros municipios.
Afirman que Assa Sports está al cargo del uso deportivo de las piscinas municipales de Fuenlabrada, donde adeuda los salarios de los trabajadores desde octubre de 2011 hasta el mismo mes de 2012. Además de contravenir la legislación, teniendo que readmitir a varios trabajadores, la empresa estaría realizando "modificaciones sustanciales" de sus condiciones laborales.
Preguntados al respecto, desde el gobierno han decidido no pronunciarse sobre la situación de Assa Sports: "Cualquier empresa que se presenta a un concurso público debe estar al corriente de pagos, y acreditar su situación y solvencia económica previa a cualquier acuerdo ante los técnicos".
Por otro lado, sobre si los trabajadores de Aserpinto actualmente empleados en la piscina municipal serían redestinados o absorbidos por la nueva empresa, el consistorio ha garantizado que "el Ayuntamiento hará lo que establece la legislación vigente para preservar los puestos de trabajo".
La decisión final parece, de momento, algo lejana. Ante las declaraciones de uno y otro, Tamara Rabaneda ha asegurado que "se está buscando en todo momento, la satisfacción del usuario, de la administración y de los criterios de racionalidad económica, medio ambiental, etc".
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