Condenados los exalcaldes de Valdemoro y Ciempozuelos por la trama Púnica

La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, a dos años y seis meses de prisión por favorecer la adjudicación de contratos públicos a la empresa Waiter Music dentro de la pieza del caso Púnica centrada en la organización de festejos en varios municipios madrileños. La resolución también alcanza de lleno a Valdemoro y Ciempozuelos, con penas de cárcel para tres de sus antiguos alcaldes.

En concreto, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha impuesto cuatro años de prisión al exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza y dos años al también exregidor valdemoreño José Miguel Moreno. La exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera ha sido igualmente condenada a dos años de cárcel. Todos ellos formaban parte de los 14 acusados juzgados en esta pieza separada de la macrocausa Púnica.

La sentencia concluye que Granados desempeñó un papel decisivo para facilitar la adjudicación de contratos a Waiter Music gracias a la influencia política que ejercía, aunque no interviniera directamente en la tramitación administrativa de los expedientes. Los magistrados le consideran autor de un delito continuado de fraude y otro continuado de prevaricación, además de imponerle ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Un sistema para beneficiar siempre a la misma empresa

El tribunal sostiene que Waiter Music, propiedad del empresario José Luis Huertas —fallecido antes de la celebración del juicio—, obtuvo durante años contratos para organizar fiestas patronales, carnavales, cabalgatas de Reyes y otros eventos en municipios gobernados por el Partido Popular gracias a un sistema de adjudicaciones previamente orientado a favorecer a la compañía.

Entre los hechos considerados probados figura que la empresa trabajó para el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2004 y 2013 y prestó servicios entre 2007 y 2011 en Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Móstoles, Algete, Chinchón, Torrejón de Velasco y Moraleja de En Medio. Según recoge la resolución, "los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados, bien a Waiter Music, bien a empresas controladas directa o indirectamente por José Luis Huerta".

La Audiencia Nacional considera acreditado que el empresario no solo organizaba los festejos contratados por los ayuntamientos, sino que también prestaba servicios adicionales en beneficio de responsables políticos. La sentencia señala que Waiter Music realizaba "servicios extras a requerimiento de los políticos", que incluían actuaciones durante las fiestas, actos del PP local o celebraciones privadas de algunos de sus dirigentes, trabajos que "no eran nunca facturados".

Para los magistrados, Huertas asumía directamente parte de esos costes o los repercutía incrementando el importe de las facturas correspondientes a los contratos públicos, con el objetivo de mantener el favor de los responsables municipales y garantizar la continuidad de las adjudicaciones. Subrayan que la responsabilidad penal de Francisco Granados no se basa en haber firmado personalmente los expedientes, sino en la influencia política que ejercía sobre quienes sí tenían capacidad para decidir las adjudicaciones.

Los jueces sostienen que el exdirigente popular actuó como "elemento impulsor y facilitador del sistema desde una posición de poder político e influencia determinante". Asimismo, consideran probado que "mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores" y que obtuvo un beneficio personal mediante la recepción "sistemática de prestaciones en especie no retribuidas", consistentes en eventos privados sufragados por el empresario.

A la espera de más

La resolución supone la primera gran condena por corrupción impuesta a Francisco Granados dentro de las distintas piezas del caso Púnica, una investigación iniciada en 2014 y dividida en más de una decena de procedimientos. El exsecretario general del PP de Madrid ya había sido condenado en 2017 a dos años de prisión por el chivatazo que recibió sobre la investigación policial que se estaba desarrollando en su contra, sentencia posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo.

Además, Granados continúa pendiente de otros dos juicios relacionados con la macrocausa. Uno de ellos aborda presuntas irregularidades en adjudicaciones de suelo público e infraestructuras de la Comunidad de Madrid y el otro investiga la supuesta financiación irregular del PP madrileño mediante la adjudicación de contratos públicos.

En esta misma sentencia, la Audiencia Nacional ha absuelto a los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, así como a otros dos acusados que también estaban siendo juzgados en esta pieza del caso Púnica.