Vox reconoce que el dueño de la casa que acoge menas en Pinto fue miembro del partido

El propietario de la vivienda de Pinto en la que una asociación ha comenzado a acoger a una decena de menores no acompañados de protección internacional fue miembro de Vox, que precisamente ha repartido panfletos de contenido racista estos días. Así lo ha confirmado el partido en un comunicado en el que explica que “jamás ha ostentado ningún cargo orgánico ni público en el partido, ni en Pinto ni en ningún otro municipio, y desde 2019 se encuentra totalmente fuera de Vox, sin militancia, sin afiliación y sin vinculación de ningún tipo con la formación”.

La confirmación se produce después de que el portavoz del PSOE de Pinto, Diego Ortiz, dijese que el propietario fue “el número 3 de Vox Pinto”. Aunque no ocupó ese puesto, sí formó parte de las primeras posiciones de la candidatura del partido en las elecciones municipales de 2019. Para el portavoz de Vox, Miguel Maldonado, los socialistas “han mentido de forma deliberada y malintencionada” con el objetivo de “desviar la atención de lo verdaderamente importante”. Fue precisamente lo que se denunció hace apenas unas semanas en el otro bando durante el caso de Umaima y su familia.

No es la primera vez que se pone el foco sobre la persona que ha alquilado el inmueble a la asociación. La semana pasada, la casa fue vandalizada con pintadas en las que se podía leer “Menas no” y “Responsable dueño que alquila”. Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil por parte de la Secretaría de Estado, quien ha condenado “los mensajes de odio en redes” y ha pedido al Ayuntamiento de Pinto “que actúe con responsabilidad para proteger el interés superior de los menores que hasta ahora llevaban una convivencia tranquila en el recurso de acogida”.

El Gobierno local de Partido Popular y Pinto Avanza se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de España, que es quien ha concedido una subvención a la asociación a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que acoja a estos menores. La Secretaría de Estado explica que los jóvenes provienen de los servicios de protección de menores de la Comunidad de Madrid y han sido acogidos en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional para poder cumplir con las exigencias del Tribunal Supremo.

En 2025, los magistrados acodaron como medida cautelar la obligación de que el Estado se hiciera cargo de cerca de un millar de menores migrantes no acompañados que habían presentado una solicitud de protección internacional y que se encontraban en Ceuta y Canarias. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha intentado en varias ocasiones paralizar el traslado de los jóvenes que le corresponden dentro del reparto que se ha realizado por todo el territorio nacional, pero el Supremo ha rechazado su petición al entender que conllevaría mantenerlos en unas circunstancias “gravemente perjudiciales”.