El presunto examen amañado en el Ayuntamiento de Parla se cobra su primera víctima

El escándalo en torno a las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Parla para cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo se ha convertido en un foco de tensión en la ciudad tras la anulación del examen y la presentación de una denuncia ante la Justicia por parte del sindicato CSIF, que acusa de posibles delitos como prevaricación administrativa, revelación de secretos y tráfico de influencias en la preparación y ejecución del proceso selectivo.

La controversia estalló después de que varios opositores y sindicatos observaran un patrón sistemático en las respuestas del examen tipo test celebrado el 10 de marzo —cerca de 800 aspirantes se presentaron— que, según los denunciantes, podría haber permitido acertar la mayoría de las preguntas sin tener conocimientos previos sobre el temario de la prueba. La representación legal de los funcionarios afectados ha llevado el caso ante los tribunales, solicitando la apertura de diligencias previas que incluyan la revisión del expediente completo, el archivo informático original del examen y la declaración de los miembros del tribunal calificador, además de una prueba pericial técnica independiente.

Ante la magnitud de la polémica, el Ayuntamiento de Parla decidió anular el examen para preservar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público. Asimismo, en un pleno extraordinario, todos los grupos políticos votaron por unanimidad la nulidad de la prueba, la devolución de las tasas abonadas por los participantes, la apertura de una comisión de investigación y la auditoría de los últimos procesos selectivos del Consistorio.

En ese mismo pleno, el alcalde de Parla, Ramón Jurado Rodríguez, anunció una medida adicional: la prohibición a los miembros de su propio Gobierno —incluyendo cargos de confianza y personal eventual— de presentarse a futuros procesos selectivos municipales. El objetivo, explicó, es “ir más allá de lo que exige la ley” y evitar cualquier percepción de favoritismo o conflicto de intereses. La decisión ha sido recibida con críticas y demandas de mayor claridad por parte de la oposición. El portavoz del Partido Popular en Parla ha solicitado la publicación de los datos de todos los opositores para verificar posibles vínculos con miembros del gobierno local y ha abogado por sanciones concretas contra el presidente del tribunal calificador responsable del examen.

Por su parte, Vox ha lamentado que, a su juicio, no haya habido dimisiones políticas pese a la gravedad de los hechos, mientras que, desde Más Madrid, partido en el Gobierno local junto al PSOE, la concejala implicada en el proceso ha negado haber recibido ningún trato privilegiado o información adelantada sobre el examen. Únicamente se habría producido un despido, según Okdiario: el de la asesora María Ángeles Arranz por no comunicar que pretendía presentarse a las oposiciones.

Al examen también se presentaron la secretaria del presidente del tribunal y director general de los servicios técnicos del Ayuntamiento y la hermana de la concejala socialista de Asuntos Sociales, que actualmente trabaja en el departamento municipal de Empleo. Todo ello se pondrá sobre la mesa durante la comisión de investigación acordada en el pleno, que busca analizar con detalle el procedimiento seguido en la elaboración y ejecución del examen, así como proponer medidas para asegurar que futuros procesos selectivos sean íntegros y transparentes. También se ha incluido la propuesta de que una entidad independiente corrija los exámenes y se publiquen las notas de forma abierta.

Mientras tanto, los aspirantes afectados esperan el resultado de las diligencias judiciales y administrativas para saber si se repetirá el proceso o si habrá sanciones administrativas contra responsables de la tramitación.