Los sindicatos habían denunciado un patrón en las respuestas del examen para 24 plazas de auxiliar administrativo.
La polémica por las oposiciones del Ayuntamiento de Parla ha dado un nuevo giro tras la decisión municipal de anular el examen para 24 plazas de auxiliar administrativo celebrado el pasado 10 de marzo. La medida llega en medio de un creciente clima de tensión política y tras las denuncias de sindicatos y partidos sobre posibles irregularidades en el proceso. El Gobierno ha optado por suspender el procedimiento “hasta que se aclare todo”, al tiempo que ha solicitado una investigación para esclarecer lo ocurrido. La decisión se produce después de que el tribunal calificador planteara la repetición de la prueba para garantizar la igualdad de oportunidades entre los aspirantes.
El origen de la controversia está en las quejas de varios opositores, que detectaron un supuesto patrón en las respuestas del examen tipo test que podría haber facilitado la elección de las opciones correctas. A raíz de estas sospechas, las secciones sindicales de CGT, CCOO, UGT y CSIF reclamaron la anulación inmediata de la prueba. Pese a la anulación del examen, el Ayuntamiento de Parla ha rechazado públicamente algunas de las acusaciones vertidas, especialmente las relacionadas con denuncias internas de trabajadores municipales. Desde el Gobierno local se insiste en que no hay pruebas concluyentes de irregularidades, aunque se defiende la suspensión como una medida de prudencia para preservar la transparencia del proceso.
La controversia, sin embargo, ha ido creciendo en paralelo a la aparición de nuevas informaciones que vinculan a cargos públicos y su entorno con distintos procesos selectivos del Ayuntamiento. Uno de los casos más señalados es el de la concejala de Educación, Isabel Ávila (Más Madrid), que se presentó al examen. La edil ha defendido que participó “como una aspirante más”, sin acceso a información privilegiada, y ha apoyado la repetición de la prueba para despejar cualquier duda.
En este contexto, Podemos Parla ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para que investigue el caso y ha señalado además la posible existencia de otras oposiciones “sospechosas” en el Ayuntamiento, ampliando así el foco de la polémica. Mientras tanto, los sindicatos municipales insisten en la necesidad de garantizar un proceso limpio y reclaman que la investigación llegue hasta el final y que se depuren responsabilidades si se confirman las irregularidades denunciadas.
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