La incoherencia del caso Umaima: demasiado rica para una vivienda social, demasiado pobre para el Plan Vive

Umaima y José siguen buscando una vivienda que les permita seguir a cargo de sus dos sobrinas, de 10 y 9 años. La casera del piso en el que viven en régimen de alquiler desde hace años en Pinto les ha pedido que abandonen la propiedad, pero no son capaces de encontrar una alternativa dentro de la Comunidad de Madrid. Si no lo consiguen se quedarán en la calle y las niñas, una con una discapacidad del 87% y la otra con hiperactividad, tendrán que volver a un centro de menores.

A pesar de su situación, Umaima nunca se planteó la posibilidad de negarse a abandonar la vivienda y pidió ayuda a los medios de comunicación. Su casera le ha dado una nueva prórroga hasta el 28 de febrero mientras estudia algunas de las posibilidades que han ido surgiendo en este tiempo. Han sido varias las asociaciones y fundaciones que se han puesto en contacto con ellos para avalarles, e incluso desde la esfera pública han intentado buscarles encaje en algún programa social. Sin embargo, ninguna opción ha terminado de concretarse y el tiempo sigue corriendo en su contra.

Su caso evidencia las lagunas de las ayudas públicas. La unidad familiar cuenta con unos ingresos mensuales de 3.600 euros: Umaima y José reciben un total de 2.200 euros por sus respectivos trabajos, a los que suman 1.500 euros por la ayuda de acogida de las niñas. Una cantidad que les descarta automáticamente como beneficiarios de una de las 24 viviendas sociales de Pinto. “Evidentemente están pensadas para gente que no puede pagar un alquiler, si me metiese yo me haría rica”, ironiza.

Sus esperanzas estaban puestas en la nueva promoción de las 422 viviendas de alquiler a precios asequibles del Plan Vive. Las rentas varían en función de si se trata de un inmueble de una habitación (entre 574,52 y 727,20 euros), dos habitaciones (entre 703,79 y 933,84 euros) o de tres habitaciones (906,77 y 1.042,85 euros). Los precios incluyen los gastos comunitarios y el pago de impuestos, entre los que se encuentran el IBI y la tasa de basuras. “Estaba hasta relajada, me habían dicho que entraría seguro”, cuenta Umaima.

En este caso, sin embargo, sus ganancias son insuficientes. Los requisitos establecen que los ingresos de los solicitantes deben encontrarse entre el 1,5 y el 5,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que actualmente es de 8.400 euros anuales en 14 pagas. Se exige, por tanto, que las familias tengan una renta fiscal de al menos 12.600 euros anuales, que en el caso de Umaima es de -59,14 euros.

Nadie quiere alquilarles tampoco un piso en el ámbito privado. Los caseros únicamente cuentan como ingresos sus dos sueldos y no las ayudas que reciben por las niñas, de manera que se les exige un aval del que hasta ahora no disponían. Tras exponer su caso, entidades como las fundaciones Inclusive y Alquiler Seguro y Provivienda de la Comunidad de Madrid se han puesto en contacto con ellos para ayudarles a buscar una alternativa habitacional adaptada a su situación y avalarles si fuese necesario. Sin tiempo para esperar a que se les asigne una casa por parte de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid -están en el puesto 11-, se acogerán con casi total seguridad a esta opción que les llevará fuera de Pinto. Algo que querían evitar para que las pequeñas no cambiasen de colegio.

“Todavía estoy en shock porque pensaba que lo teníamos todo encarrilado, pero lo del aval de las fundaciones me tranquiliza un poco”, reconoce. Sería el final de un calvario para Umaima y su familia que, a pesar de los muchos mensajes de apoyo recibidos en estos días, reconocen que hay parte de la ciudadanía que no entiende su situación. “No quiero que nadie me regale nada. No tengo deudas y dispongo de dinero para pagar, solo necesito a alguien que quiera alquilarnos un piso”.