Caso Púnica: “Granados tenía poder para quitar y poner alcaldes que se presentaran a las elecciones”

Valdemoro volvió este lunes a aparecer en el juicio del Caso Púnica, después de que un guardia civil detallara ante la Audiencia Nacional el papel que, según la investigación, desempeñó Francisco Granados en el amaño de contratos municipales entre 2004 y 2013. El agente aseguró que el exalcalde valdemoreño utilizó su “poder” político para imponer a distintos ayuntamientos gobernados por el PP la contratación de la empresa Waiter Music para la organización de festejos locales.

Durante su declaración, el agente explicó que, aunque Granados dejó la alcaldía de Valdemoro en 2003 para incorporarse al Gobierno regional, siguió ejerciendo una notable influencia en el municipio y en otros consistorios. “Granados tenía poder para quitar y poner alcaldes que se presentaran a las elecciones”, afirmó, subrayando que muchos responsables municipales “le debían a él el estar en las listas”.

El testimonio señaló directamente a los exalcaldes de Valdemoro José Miguel Moreno y José Carlos Boza, también acusados en la causa, con quienes el empresario José Luis Huerta —propietario de Waiter Music— habría mantenido relación tras la marcha de Granados al Ejecutivo autonómico. Según el agente, la empresa contaba con la “seguridad” de que le serían adjudicados los contratos, lo que le permitía cerrar actuaciones musicales con antelación y sin competencia real de otras firmas.

La investigación interceptó conversaciones telefónicas entre Huerta y Granados en las que hablaban de la “estrategia” a seguir. En una de ellas, según relató el guardia civil, el empresario llegó a decirle al exdirigente popular: “Por lo que a mí respecta, que ganéis las elecciones”. Para los investigadores, estos contactos evidencian la planificación de “amaños de contratos públicos y el posterior cobro de comisiones”.

El agente también confirmó que una secretaria de Granados ordenó destruir documentación del Ayuntamiento de Valdemoro, aunque destacó que en registros realizados en domicilios y sedes empresariales se incautó abundante material que acredita las presuntas irregularidades. Entre ellas, facturas infladas o falsas para cargar a los ayuntamientos gastos de actos del PP y eventos privados, como una fiesta de cumpleaños de Granados valorada en más de 9.000 euros.