
La testigo ha declarado en la Audiencia Nacional que, un día después del registro de 2014, se trituraron papeles en el archivo municipal por orden de una asesora vinculada a Francisco Granados.
El Ayuntamiento de Valdemoro ha vuelto a situarse en el foco del caso Púnica tras la declaración de una exarchivera municipal que ha asegurado ante la Audiencia Nacional que, al día siguiente del registro de la Guardia Civil en 2014 se destruyeron documentos en dependencias municipales. Los hechos se produjeron, según su testimonio, por indicación de una asesora de Alcaldía con estrecha vinculación con el exalcalde y exconsejero madrileño por el Partido Popular, Francisco Granados.
La testigo, María Jesús L. P., que ejercía entonces como archivera del Consistorio, ha relatado que el 28 de octubre de 2014, aprovechando su ausencia, varias personas accedieron al archivo y utilizaron una destructora de papel para triturar documentación. “Entraron mandados por una persona del Ayuntamiento, Carmen A., que entonces estaba como asesora de alcaldía”, ha afirmado durante su comparecencia.
Según ha explicado, los documentos no formaban parte del archivo municipal, sino que fueron llevados expresamente hasta allí para su destrucción. Al tener conocimiento de lo ocurrido, la exarchivera emitió al día siguiente, el 29 de octubre, un certificado para informar de los hechos al Ayuntamiento, cuyo alcalde era entonces José Carlos Boza, también acusado en esta pieza del caso.
La declaración se ha producido en el marco del juicio que se sigue contra Francisco Granados y otros trece acusados por la presunta contratación irregular de la empresa Waiter Music para fiestas locales entre 2004 y 2013. Preguntada por la Fiscalía sobre la posible influencia de Granados en el Ayuntamiento de Valdemoro tras dejar la alcaldía, la testigo se ha limitado a señalar que lo desconoce y ha aclarado que el exdirigente popular “nunca le dio instrucciones” para destruir documentos ni para favorecer a la citada empresa.
















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