Un trabajador de Waiter Music asegura que la empresa realizó regalos a los alcaldes de Valdemoro

La Audiencia Nacional está llevando a cabo el segundo juicio por el Caso Púnica contra Francisco Grandos, exalcalde de Valdemoro y otros trece acusados entre los que se encuentran dos exregidores de Valdemoro, José Miguel Moreno y José Carlos Boza, y una de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera. Durante la sesión del pasado miércoles, uno de los trabajadores de la empresa Waiter Music, beneficiaria de presuntas adjudicaciones irregulares, alegó que la empresa organizó diferentes eventos para el partido y envió regalos a la oficina de Granados.

La fiscal preguntó al testigo interrogado, Miguel Ángel S.P, si Waiter Music, cuyo dueño era José Luis Huerta, realizó eventos del Partido Popular pagados con fondos públicos de los ayuntamientos. Miguel Ángel S.P declaró que participó en la producción de un mitin del PP en marzo de 2008 en la plaza de toros de Valdemoro, y que posteriormente, por indicación de su jefe, entregó una factura en la sede del PP madrileño, ubicado en la calle Génova ,13.

Como la supuesta forma de cobro pactada entre Huerta y Granados era a través de futuras adjudicaciones sobredimensionadas, la fiscal mantiene en su escrito que Huerta nunca facturó explícitamente a nombre del PP. Sin embargo, el testigo apuntó ante el tribunal que desconoce si finalmente el pago se efectuó por estos medios.

Por otro lado, Miguel Ángel S.P añadió que, también por indicación de Huerta, llevó en una ocasión una caja con regalos a la oficina de Granados, por aquel entonces consejero de la Comunidad de Madrid, y participó en la organización del 44 cumpleaños del exalcalde de Valdemoro, con un coste superior a los 9.000 euros aunque dijo desconocer si el dueño de Waiter Music le facturó el coste del evento privado. El trabajador indicó durante la sesión que tampoco le constaba si Huerta consiguió finalmente las adjudicaciones para eventos en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid como San Martín de la Vega o Valdemoro.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala que la “posición” de Granados dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid le permitía tener una “superioridad bien directa o bien por influencias en otras autoridades y funcionarios”. Para el exregidor de Valdemoro durante el período de 1999-2003 piden seis años de prisión por delitos de prevaricación y fraude en la contratación.

Además de Granados, otros dos exalcaldes de Valdemoro se sentaron en el banquillo: José Miguel Moreno y José Carlos Boza. Junto a ellos, la exregidora de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera acusada también por fraude de contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. Para ellos la Fiscalía pide entre dos y cuatros años de cárcel, salvo en el caso de Moreno, que se prestó a confesar los hechos y podría experimentar una reducción en su condena final.