Hasta cuatro años de cárcel para el gerente y tres empleados de un desguace de San Martín de la Vega

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al gerente y a tres empleados del desguace Desguaces El Choque, situado en la calle Oro del polígono industrial Aimayr de San Martín de la Vega, a penas de hasta cuatro años de prisión por un delito contra el medio ambiente. La empresa habría emitido desde 2019 una cantidad de gases contaminantes equivalente a las emisiones anuales de unos 3.750 ciudadanos españoles.

Según la estimación de la Fiscalía, la actividad irregular del desguace generó alrededor de 21.000 toneladas de dióxido de carbono, una cifra comparable a 30.200 vuelos entre Madrid y Nueva York. La sentencia impone al gerente una pena de cuatro años de prisión y a los tres trabajadores condenas de tres años y medio cada uno.

La investigación se inició tras una inspección realizada el 22 de enero de 2019 por agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, junto a técnicos de la Comunidad de Madrid. Durante la visita, los inspectores detectaron numerosas irregularidades, entre ellas la ausencia de los procesos obligatorios de descontaminación en la mayoría de los vehículos fuera de uso. En el entorno del polígono, otros desguaces habían sido objeto de denuncias similares en años anteriores y uno de ellos llegó a incendiarse recientemente, generando importantes columnas de humo.

En una segunda inspección, llevada a cabo en otra instalación de la misma empresa situada en la calle Plomo, los agentes comprobaron que 14 de los 425 vehículos almacenados no habían sido desmontados y que, en al menos dos de ellos, los circuitos de refrigeración mantenían la presión propia de un vehículo en funcionamiento.

Durante el proceso judicial, tanto el gerente como los trabajadores sostuvieron que los gases habían sido extraídos conforme a los procedimientos habituales y que no fue hasta finales de 2021 cuando un proveedor les informó de la necesidad de realizar varias extracciones para una eliminación completa. No obstante, el tribunal se ha apoyado en los informes periciales y en las declaraciones de los agentes para concluir que existió una gestión inadecuada de los residuos, permitiendo durante años la emisión continuada de gases de efecto invernadero.

La sentencia no es aún firme, ya que la defensa ha presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no se descarta que el caso llegue al Tribunal Supremo. De confirmarse el fallo, los condenados deberán ingresar en prisión y abonar un total de 152.000 euros en concepto de multas, además de 36.000 euros a cargo de la empresa. El tribunal subraya que resulta imposible cuantificar económicamente el daño causado a la atmósfera y fija las sanciones en función de los derechos de emisión de gases contaminantes.