Un desguace de San Martín de la Vega se enfrenta a penas de cárcel por un presunto delito medioambiental

Cuatro responsables y trabajadores de un desguace de San Martín de la Vega se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión acusados de un delito contra el medio ambiente. Según la Fiscalía, los procesados habrían incumplido la normativa de descontaminación de vehículos y la gestión de residuos en las instalaciones de la empresa Desguaces El Choque, situada en la calle Oro del polígono industrial del municipio.

El caso se remonta al 22 de enero de 2019, cuando agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y técnicos de la Comunidad de Madrid realizaron una inspección en el centro, dentro de una operación a gran escala sobre el tratamiento de vehículos fuera de uso en la región. Durante la visita se revisaron sesenta automóviles y se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas la falta de descontaminación en la mayoría de ellos.

Según el informe de los inspectores, 56 de los 60 coches analizados carecían de motor o radiador, y algunos presentaban los circuitos de aire acondicionado cortados o vacíos. El acusado principal, G. P. F., presentó documentación que reflejaba la gestión de 402 kilos de gases fluorados entre 2017 y 2019, aunque reconoció que entre 2013 y 2017 no se había declarado ningún kilo, alegando que esos gases se reutilizaban en otros vehículos de la empresa.

Los investigadores también realizaron una segunda inspección en otra instalación de la compañía, en la calle Plomo, donde se almacenaban 425 vehículos. De ellos, solo 14 no habían sido desmontados, y en dos se comprobó que los circuitos de refrigeración conservaban la presión propia de un vehículo en uso.

El informe de la Comunidad de Madrid apuntó, además, a que la empresa había superado el límite anual de vehículos autorizados para gestionar. La autorización, que expiró en 2018, fijaba un máximo de 3.500 vehículos al año, mientras que la compañía declaró haber tratado 4.754 en 2017, 5.515 en 2018 y 5.726 en 2019.

La Fiscalía sostiene que estas prácticas suponen un riesgo grave para el medio ambiente al no realizarse una descontaminación completa ni respetar el plazo máximo de 30 días para el tratamiento de los coches. También acusa a los responsables de vender piezas procedentes de vehículos que aún contenían fluidos contaminantes.

Durante el juicio, los acusados negaron los hechos y aseguraron que su empresa cumplía “de forma absoluta” la normativa medioambiental. Argumentaron que disponían de maquinaria específica para la extracción de gases y que la reutilización de estos en otros sistemas de aire acondicionado formaba parte del proceso habitual de reciclaje.