
A raíz de una reclamación de la Asociación de Consumidores de Valdemoro, el Gobierno ha reactivado el procedimiento.
Durante el anterior mandato de Ciudadanos, el pleno aprobó que tres concejales pudiesen recibir el 100% de sus sueldos como representantes en el Ayuntamiento de Valdemoro a pesar de continuar trabajando en el ámbito privado. Se trataba de dos ediles del gobierno naranja, Virgilio Velayos y Ángel Díaz, y de Javier Cuenca, entonces miembro de la oposición por el Partido Popular y hoy primer teniente de alcalde. La Justicia acabó declarando nulas aquellas compatibilidades, pero cuatro años después el dinero todavía no ha sido devuelto a las arcas municipales.
El periodo de cobro indebido comenzó el 14 de octubre de 2019, cuando se aprobó la compatibilidad. Hasta su dimisión en octubre de 2021 y enero de 2022, Velayos y Díaz recibieron íntegramente su sueldo de 45.000 euros al año como concejales de gobierno mientras ejercían su actividad de consultor tecnológico y fisioterapeuta por cuenta ajena, respectivamente. Cuenca, que recibía 30.000 euros anuales como concejal de oposición, pidió el 21 de julio de 2020 la anulación de la compatibilidad tras darse de baja en el Colegio de Abogados de Madrid, pero no se hizo efectiva en pleno hasta el 26 de noviembre de ese año.
Se estima que se trata de una cantidad que ronda los 200.000 euros y que los concejales ganaron de manera ilegal según el fallo emitido en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2022. La sentencia fue ratificada posteriormente por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que el 5 de abril de 2024 rechazó el recurso presentado por la defensa de los tres concejales, de la que se hizo cargo el propio Ayuntamiento de Valdemoro.
En ese momento comenzó el plazo de cuatro años para que los concejales devolviesen el dinero ganado indebidamente, pero no ha sido hasta ahora que el Gobierno ha dado los pasos para ello. Todo gracias a las gestiones de la Asociación de Consumidores de Valdemoro, que recientemente presentó una instancia para conocer en qué punto se encontraba el proceso. El alcalde, David Conde, dio la orden el pasado 15 de diciembre para que el Departamento de Recursos Humanos incoe de oficio el expediente administrativo de reintegro de las cantidades indebidas.
“¿Cómo cuantificar el importe que debe ser reintegrado? -se pregunta en su informe la jefa del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Valdemoro-. Partiendo de lo expuesto, parece que el reintegro deberá corresponderse con el exceso percibido por la ‘actividad marginal’ que es la que se desarrolló bajo el amparo del acto administrativo anulado por sentencia”. Considera que pedir la totalidad del dinero sería “una interpretación simplista”, por lo que el Consistorio sólo pedirá la devolución íntegra si los concejales no acreditan documentalmente sus ingresos.
El presidente de ACUSVAL, Jesús Paniagua, cree sin embargo que se debería reclamar también al anterior alcalde, Sergio Parra, las costas procesales por haber decidido que el Ayuntamiento pagase la defensa de los tres concejales. Para la entidad se trata de todo el caso se trata de “un escándalo, más aún en un contexto en el que la presión fiscal se está incrementando sobre los vecinos, que sí cumplen puntualmente con sus obligaciones mientras el propio Ayuntamiento mantenía en el cajón la recuperación de fondos públicos declarados judicialmente como cobros indebidos”.
















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