La amenaza invisible de Pinto

Existe una pandemia silenciosa que se cobra cada año la vida de 90.000 personas en Europa. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, estaría­mos hablando de 130.000 fallecimientos en nuestro país antes de 2050 si no se toman medidas para frenarla. El causante es un material hasta ahora co­mún en nuestro día a día, el amianto, cuya presencia en Pinto sigue siendo más que significativa.

DOS DÉCADAS DE RETRASO

En el año 2002 entró en vigor la orden ministerial del 7 de diciembre de 2021 por la que se modificaba el Real Decreto sobre limita­ciones y comercialización de determinadas sustancias peligrosas. Fue, o al menos pretendía ser, la sentencia de muerte del asbesto, un mineral clave en la construcción de edificios en España y que se utili­zaba especialmente en las cubiertas.

Su resistencia al calor, la corrosión y la tensión, sumado a que se trata de fibras largas y perdurables que lo convierten en un material flexible, hacían que fuese aparentemente ideal.

Con el tiempo, se demos­tró que la exposición resul­taba peligrosa para la salud: la Organización Mundial de la Salud afirma que “todos los tipos de amianto causan cáncer de pulmón, mesote­lioma, cáncer de laringe y de ovario, y asbestosis (fibrosis de los pulmones)”.

Desde entonces se ha or­denado su retirada progre­siva. La Ley 7/2022 de resi­duos y suelos contaminados para una economía circular, de hecho, puso como fecha límite el año 2028 para la retirada de la uralita de los edificios públicos. Para ello, las administraciones debían hacer entrega al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de un censo de los edificios con amianto existentes en el municipio y de un calendario que planifique su retirada antes del 10 de abril de 2023.

Como ha ocurrido con otras medidas a favor del medioambiente como la implantación de las zonas de bajas emisiones, fueron pocas las que respetaron los plazos establecidos. En el caso de los ayuntamien­tos, han sido los gobiernos regionales los que se han encargado de exigir por ac­tiva y por pasiva la presenta­ción de ambos documentos. Sin ir más lejos, la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Consejería de Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid tuvo que enviar hasta tres requerimientos al Ayuntamiento de Pinto.

LA BUROCRACIA PINTEÑA

El anterior gobierno de PSOE, Unidas Pinto y Pode­mos ni siquiera contrató a tiempo la redacción de los documentos. Tuvo que ser el de Partido Popular y Pinto Avanza el que, en febrero de 2024, realizase el encargo a la empresa Bureau Veritas Inspección y Testing por 10.756 euros. Durante cuatro meses, la empresa elaboró un censo básico en función del análisis geoesta­dístico del asbesto detecta­do en la ciudad a través del que es posible consultar las referencias catastrales de los puntos afectados, así como un calendario de la fecha de retirada.

El informe señala que retirar todo el amianto que todavía existe en el término municipal de Pinto costaría 2.188.014 euros. Hay 466 edificaciones con cubiertas compuestas con este mineral que suman un total de 177.627,09 metros cuadrados, una extensión equivalente a 25 campos de fútbol. El objetivo es que no quede ni una sola fibra de este material en los próxi­mos diez años.

Se ha establecido una prioridad de retirada alta para más de la mitad de las cubiertas y muy alta para otro 37%. De hecho, 107 de estos puntos negros ya deberían haber sido elimi­nados según un calendario que, en caso de cumplirse, haría que en el próximo lustro sólo quedase el 30% del amianto actual que hay en Pinto.

ESPACIOS PÚBLICOS CON AMIANTO

Son pocos, aunque llama­tivos, los lugares públicos que todavía conservan este material cancerígeno en sus instalaciones. Es el caso del convento de Las Capu­chinas, que tiene el 13 de febrero de 2026 como fecha límite para eliminar los 448 m2 de asbesto localizados. El coste, estima el informe, ascendería a 6.086 euros.

Otra de las cubiertas señaladas es la del CEIP Buenos Aires. Desde el cen­tro explican que la gestión corresponde al Ayunta­miento de Pinto, que debe cambiar el techo antes del 28 de marzo del año que viene. Fuentes municipales garantizan que se cumplirán los plazos fijados para retirar los 76,81m2 de amianto, en los que se ha estimado un gasto de 2.270 euros.

El informe de Bureau Veritas también asegura que existe uralita en otro centro educativo de Pinto, el Cole­gio Santo Domingo de Silos. La dirección, sin embargo, afirma que fue retirado hace años.

TRABAJO POR DELANTE

El resto de lugares con presencia de amianto per­tenecen a manos privadas. La inmensa mayoría se encuentran en los polígo­nos industriales, siendo los de La Estación y Las Arenas donde existe un mayor porcentaje de cubiertas construidas con este material. Se tiene también constancia de 69 explotaciones agrícolas en cuyas instalaciones se ha detectado la presencia de asbesto.

Hay casos especial­mente significativos como el de la calle Río Ter donde existe una nave con 86.239 m2 de amianto que harían necesaria una inversión 8.588 euros. En la calle Albatros, existe otra cubierta industrial de 66.749 m2 de asbesto en la que la empresa debería gastar una cantidad apro­ximada de 6.639 euros. En ambos casos, el plazo para retirar el amianto expiró hace meses.

Pero también hay asbesto en suelo urbano. En concreto, en nueve edificios de oficinas y 218 de uso residencial. Los barrios más castigados son los más antiguos, sobre todo los de La Rá­bida y La Indiana, si bien todo el centro y zonas como El Prado aparecen marcadas en rojo en el informe encargado por el Ayuntamiento de Pinto. En el municipio, únicamente se salvan las áreas urbanas y edificaciones más nuevas de Parque Europa y La Tenería I y La Tenería II, donde no hay ni una sola cubierta de estas características.

Desde el Gobierno dicen estar decididos a actuar para revertir la situación: “Se está valorando hacer una campaña de información al respecto”. El Consistorio se encargará de comunicar a los propietarios de los edificios o naves afectados de que se ha detectado la presencia de asbesto en su propiedad y se les emplaza­rá a hablar con un gestor es­pecializado para su retirada. El objetivo es conseguir que Pinto diga adiós al amianto, aunque sea con 30 años de retraso.